Quito, 30 mar (La Calle).- Funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) siguen en pie de lucha ante los abusos de poder que viven en la entidad pública. Parte de los denunciantes, actualmente, laboran en una “oficina” destinada al almacenamiento de cajas sin las condiciones necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
El 29 de marzo los trabajadores interpusieron formalmente su denuncia a la presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, Rina Campain. Su petición es que los asambleístas fiscalicen los procedimientos de la evaluación de desempeño por parte de las autoridades del INPC.
Para los funcionarios estos resultados no están acorde con la realidad puesto que han cumplido con su trabajo por más de 25 años. Por el momento, su denuncia ya ha pasado por un primer filtro en el Ministerio de Trabajo, quienes ya solicitaron la información al INPC.
Acciones y represalias
La denuncia también fue remitida a la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y al Ministerio de Cultura y Patrimonio.
“Hay servidores públicos parte de este proceso de evaluación calificados con CERO, funcionarios que tienen más de 20 años de experiencia en el tema. A lo que debemos indicar que este criterio tampoco se justificó de ninguna manera, ya que en el casillero de comentarios tampoco hay ninguna justificación”, dice la solicitud.
Por otro lado, informaron que la respuesta de Brevi fue denunciar a los trabajadores interpelantes por acoso laboral y violencia de género. No obstante, ellos niegan de manera rotunda estos actos y aseguran que han tenido que aguantar desplantes, gritos y acciones inconsultas por parte de la directora.
Abuso de poder
Los funcionarios ya denunciaron la irregularidades en el manejo del departamento de Talento Humano frente al Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos (CIDHU). Los servidores públicos manifestaron falta de objetividad y veracidad en sus evaluaciones de desempeño por parte de su jefe inmediato.
La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU y el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.
“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.
También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Brevi. (A.G.M)
