Quito, 1 feb (La Calle).- La Asamblea Nacional posesionará a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) hasta después de las elecciones del 5 de febrero. El Legislativo rechazó el dictamen de la jueza Karina Izurieta y pondrá una queja formal contra la magistrada.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) indicó que la disposición de Izurieta es otro intento de injerencia judicial a la Asamblea.
Los funcionarios esperan el resultado de la pregunta 5 de la consulta de Lasso. De ganar este apartado, el Cpccs perdería la autoridad de designar autoridades. Con esto, esta facultad pasaría a manos de la Asamblea.
“Es inoficioso que se posesiones a personas que estarán por uno o dos días y luego entregarán el puesto a los consejeros que se desempeñarán hasta mayo”, refirió.
El asambleísta enfatizó que Izurieta está actuando bajo los mismos parámetros que el exjuez de La Concordia Ángel Lindao. Además, precisó que la Corte Constitucional (CC) no fija un límite de tiempo en la sentencia dictada para la destitución de los consejeros.
“No acataremos la medida cautelar ya que carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte”, reza el comunicado.
También, repitió que este es un intento desesperado del Gobierno Nacional por retirar a Álvaro Román de la presidencia del Consejo de la Judicatura.
¿Una nueva destitución?
Torres comentó que la Asamblea presentará una queja formar contra la jueza Santa Rosa para que sea destituida, al igual que el juez Lindao.
“Una jueza de dudosa procedencia obliga a la Asamblea algo que no debe. Se atrevió a amenazar al Legislativo con una destitución, cuando es de conocimiento público que en las medidas cautelares no cabe el incumplimiento de la sentencia”, dijo.
Dictamen de la jueza Izurieta
La jueza de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Karina Izurieta, dio un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional para posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana (Cppccs).
Este ultimátum lo realizó luego de otorgar las medidas cautelares a la consejera Gina Aguilar el 30 de enero de 2023.
En la acción de medidas cautelares que solicitó, la consejera le exige al Legislativo cumplir con su deber constitucional y posesionar a los vocales principales y suplentes del Cpccs.
