Quito, 28 dic (La Calle). – Un informe de Contraloría, sobre la auditoria al servicio de alimentación para los privados de libertad, da cuenta de que el proceso de contratación estuvo viciado y no existió control.
La auditoría identificó que una empresa se encarga de la alimentación de los privados de libertad desde el 2017. En ese año, el Ministerio de Justicia, ahora extinto, firmó un contrato de USD 26,6 millones con esta compañía.
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Los contratos
La Contraloría identificó que esa licitación no tuvo un proceso precontractual y que también firmaron otro contrato complementario por 9,3 millones. El contrato estipulaba desayuno, almuerzo y merienda. En 2017, los directores de cada centro manifestaron que el servicio llegaba a todos, excepto a los de máxima seguridad de Guayaquil.
Esos contratos estuvieron vigentes hasta enero de 2018. Acto seguido se llamó a concurso, pero ambos llamados terminaron desiertos. El primero se cayó por presentar un error en la certificación presupuestaria y el segundo porque se inhabilitaron las ofertas.
De manera que, en 2018, el Estado firmó contratos de pago con una sola empresa para los alimentos con dos convenios de pagos por USD 11 millones y dos contratos por USD 18,3 millones. Para el 2019 e inicios del 2020, los procesos de contratación presentaron problemas por el cambio constante de administradores del contrato. Entre las respuestas de descargo de las autoridades estatales se manifestó que no se pudo suspender el servicio porque la alimentación de los privados de libertad es un derecho amparado por la Constitución.
Los familiares de los privados de libertad denuncian que no siempre reciben las tres comidas diarias. Tampoco tienen los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. La Asamblea solicitó más información y se espera que en el censo que realizarán al sector carcelario se informe de los servicios que reciben los presos en el país.
