Por: Omar Jaén Lynch
Periodista y docente universitario
Fue una semana desastrosa para nuestra economía. El precio del petróleo WTI (referencial para Ecuador) cerró el viernes 6 de marzo en $41,28 por barril. Esto significa que el crudo ecuatoriano se vendió por debajo de los $ 35. Las alarmas se encienden al recordar que en el Presupuesto General del Estado de 2020 se contempló vender cada barril de petróleo en $51,3 como mínimo. El país deja de percibir más de $ 4,5 millones diarios por este desplome de precios.
Pero agárrese que ahí no terminan las malas noticias. Ese mismo viernes, el célebre Riesgo País ecuatoriano cerró en 1.979 puntos, una aciaga cifra que nos deja sin opciones de financiamiento internacional. Lenín Moreno recibió la Presidencia el 24 de mayo de 2017 con un Riesgo País de 658 puntos.
Probablemente usted haya visto estos terribles números en algún posteo o tuit de un “borrego correísta” que “sueña” con ver caído al gobierno de Lenín Moreno.
Analistas vinculados a la Revolución Ciudadana vienen advirtiendo desde hace meses el colapso económico que se avecina (¿llegó?) gracias a las políticas del régimen y, sobre todo, del ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien insiste en medidas de shock en un país estancado. Pero da casualidad que en los últimos días quienes alertan sobre la precaria situación son los que vitorearon el acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y festejaron el ajuste salvaje que provocó miles de despidos y la depresión del consumo interno.
Por cierto, el propio FMI le dijo ‘nones’ a Moreno y su banda para desembolsar el nuevo tramo del préstamo. Es preocupante los niveles de iliquidez del gobierno, que lo digan los afiliados del ISSFA.
Este catastrófico escenario ha sido muy bien minimizado por el Gobierno -casi nadie habla del tema- y por sus aliados favoritos: los medios de comunicación (privados y públicos).
Los principales titulares de noticieros televisivos y de diarios se centran en el “juicio del siglo”, esa opereta montada por María Paula Romo, ministra de Gobierno; Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y nuestra querida fiscal 10/20, Diana Salazar.
Las audiencias exprés y maratónicas copan las portadas y es como una cuenta regresiva para lograr eso tan anhelado: evitar que Rafael Correa sea candidato en 2021. A mí no me queda dudas que el expresidente será condenado, así como tampoco tengo dudas que el proceso hasta llegar a esa sentencia -ya redactada- estuvo atestado de ilegalidades.
Pero déjeme defender por un momento a los medios. Está bien que den espacio al juicio del Caso Sobornos, aunque lo ideal sería que lo hagan con ética. Es un tema de relevancia nacional y tiene que ser abordado por las empresas mediáticas. El problema no va por ahí, el gran dilema es que en su intento por destruir la carrera política de Correa, los medios llevan a la sociedad al oscurantismo.
Cuando los medios privados tradicionales y públicos -porque todos, sin excepción, trabajan al unísono para bloquear a Correa- le “bajan el tono” al gravísimo problema del desempleo, a la falta de pago de proveedores del Estado, al atraso en la cancelación de haberes a GAD, al calamitoso sistema de salud y educación, lo que intentan es tener a una audiencia desinformada y manipulada para sus intereses.
La historia y los pueblos no olvidan. Más temprano que tarde el accionar de los medios de comunicación será evaluado y, de ser el caso, castigado por el pueblo ecuatoriano.
