Quito, 30 sept (La Calle). – El exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Fausto Cobo anticipó que el presupuesto carcelario para los cuatro años del gobierno de Lasso sería de USD 75 millones.
Cobo indicó que ese dinero se usaría “para que se recupere en algo las condiciones infraestructura y tecnología de los centros penitenciarios. Además, para invertir en la mejor preparación del talento humano del sistema carcelario del país”.
Sin embargo, ese presupuesto es insuficiente para satisfacer las necesidades del sistema penitenciario y recuperar cierto esquema de seguridad.
Ernesto Pazmiño, director del SNAI en 2019, indicó que se necesitarían USD 800.000 diarios para la red carcelaria, a partir de ese cálculo se puede concluir que se requieren USD 292 millones por año para invertir en todos los ámbitos del sistema carcelario. Esto quiere decir que al gobierno le faltan USD 217 millones por año.
Para entenderlo mejor se puede comparar con los USD 117 millones que deberían ser asignados a la función electoral para una posible consulta popular significarían un 40% de la inversión requerida en un año.
Cambios estructurales en el sistema
Para la exministra de Justicia, Rosana Alvarado hace falta revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) porque de la población carcelaria de 40.000 personas, no todos representan un peligro y muchos de ellos guardan prisión preventiva. “El Estado no puede hacerse cargo de tantas personas, una muestra de ello son las dos masacres de este año”, explicó a Radio La Calle.
Además, está la formación de guías penitenciarios (ASP). “No se recluta hoy y mañana trabajan. Así no funciona. La formación de agentes penitenciarios toma al menos un año, pero a partir de los seis meses podrían ingresar al sistema. Hay que hacerles pruebas de confianza porque es un trabajo durísimo, de mucho riesgo para la vida”.
En la provincia de El Oro desapareció la escuela de formaciónn de guías penitenciarios. “El Estado ha fallado rotundamente, hay que recordar que el personal policial y militar no es consecuente con la rehabilitación social”, indicó.
Sin embargo, al Gobierno actual le faltó el primer paso: un plan de contingencia para el sistema penitenciario porque las masacres y motines vienen desde 2018. “Para cualquiera que le hubiera interesado un centavo la vida humana el 24 de mayo debía tener un plan de contingencia y personas idóneas a cargo”.
Sin recursos, sin personal
Alvarado explica también que los estados de excepción no son suficientes sino existe un desembolso de fondos. “Todos los aparatos tecnológicos están dañados hace años. Los filtros de seguridad, los escáneres que no eran los de mejor calidad y no llegaban a las cavidades humanas donde, en algunos casos, se esconden armas, dinero, droga o celulares. Tampoco se preocupan por cambiar los inhibidores de señal celular”.
La exfuncionaria explica que, mientras más aumenta la población en las prisiones, menor es el presupuesto que se les designan. En 2018, el presupuesto fue de USD 120 millones, esto quiere decir se invertía USD 400 por PPL. El presupuesto diario de comida para un reo era de USD 2.75.
Además del presupuesto está el personal de las cárceles que ha disminuido. “Si ya no hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales, personal administrativo que despachen expedientes de reos que podrían acogerse a la prelibertad, entonces continuará el chantaje y la corrupción. Al retener presos, se mantiene el hacinamiento y la sobrepoblación”, precisó.
