Quito, 23 sept (La Calle). – Los representantes legales de 13 universidades cerradas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa interpusieron una demanda en su contra bajo el criterio tentativo de delincuencia organizada.
La denuncia incluye a Correa, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; a Guillaume Long, expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces); y René Ramírez, expresidente del Consejo de Educación Superior.
Este procedimiento se realiza, a juicio de los denunciantes, debido a la confiscación de bienes muebles e inmuebles. También fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que se retuvieron a estas instituciones “de manera legal e inconstitucional”.
“Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que se confiscaron, muchas infraestructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario”, le dijo presidente de la Preasociación de Universidades Cerradas, Armando Estrada, a diario El Universo.
Las 13 universidades cerradas en abril del 2012 solicitaron a Fiscalía conformar una comisión especial que exija a la institución correspondiente los informes y testimonios de los evaluadores in situ, los pasivos y cuentas por cobrar que se confiscaron a esos centros de estudios.
La respuesta
El expresidente Rafael Correa respondió a la noticia con una frase en su cuenta de Twitter. “Tiempos de Cambalache”, seguido del #LosCorruptosSiempreFueronEllos.
Estas universidades se clausuraron por no cumplir con los estándares de calidad necesarios para ofrecer este tipo de servicio educativo. La mayoría funcionaba en casas pequeñas, de allí el nombre de “universidades de garage”.
