Roberto Hidalgo Averos, redactor
Quito, 12 de sept, (La Calle). – El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional (CAL) otorgó a Fernando Villavicencio 10 días para ejercer su derecho a la defensa.
En este tiempo, Villavicencio deberá presentar pruebas en su defensa, después de que el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik) presentara una queja en su contra, por supuestas calumnias.
En la sesión instalada el sábado 11 de septiembre a las 16:00, de manera semipresencial, se tenía previsto que los miembros del CAL revisen las pruebas presentadas por ambos legisladores, para que las acepten o rechacen y seguir con los procesos administrativos pertinentes.
Villavicencio no estuvo presente en la reunión, pues días atrás informó al legislativo que sería representado por sus abogados.
Las pruebas testimoniales y documentales presentadas por Villavicencio no fueron aceptadas y fueron consideradas impertinentes todos los pedidos que hizo.
Entre estos pedidos se encontraban una solicitud para que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acuda al CAL a rendir su versión sobre una investigación penal abierta, en contra del consorcio Oro Negro. Presuntamente, este consorcio tendría relación con su acusador, el asambleísta Vanegas.
Pedía también que los asambleístas Bruno Segovia y Belén Cordero, miembros de la Comisión de Fiscalización, testifiquen en las declaraciones de la Fiscal.
El CAL aceptará la comparecencia de los asesores y funcionarios de la Comisión que estuvieron presentes en la reunión.
Antonio López, jurista que defiende a Villavicencio, dice que este proceso se trata de la “crónica de una sanción arbitraria”. Adelantó que en los próximos días presentará una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y demás miembros del CAL, por no dar paso a un debido proceso con derecho a la defensa.
