Génesis Gómez, redactora
Quito 7 de abr (La Calle).- La mañana de este miércoles, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía participaron de una caminata en El Coca, Orellana. Los manifestantes recuerdan el derrame de 15.800 de barriles de crudo y combustibles que hace un año contaminaron los ríos Coca y Napo.
Alrededor de 400 personas se asentaron por largo tiempo en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía de Orellana para recordar a las autoridades la impunidad de los responsables. Entre ellos; las operadoras, Petroecuador y OCP Ecuador, y las autoridades de control. Además del Ministerio de Recursos y Energía y el de Ambiente y Agua.
Una movilización por la Justicia
La marcha avanzó hasta la Fiscalía Provincial, donde dirigentes recordaron a la Justicia que continúan con la exigencia de reparación integral. “Señores fiscales no nos traten de criminalizar, estamos pedimos justicia por una vida digna. Hoy, las 500 personas que estamos aquí queremos decir la verdad de lo que ocurre en nuestros territorios. Las nacionalidades de Orellana estamos cansados de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”, señaló Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (F.C.U.N.A.E.)
Con el derrame, más de 27 mil indígenas de 109 comunidades aun cargan con las consecuencias de la contaminación en sus territorios. “Hace 50 años nos dijeron que la explotación petrolera iba a terminar con la pobreza y seguimos en miseria, con necesidades. Este pueblo merece respeto, más de 27 mil comuneros que están en las orillas de los ríos Napo y Orellana, estamos en pie de lucha. Señor Fiscal mande a encarcelar a todos, mujeres con niños, no sea cobarde, no se escude detrás de la fuerza pública”, advirtió Marlón Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
Acciones de protección que no fueron escuchadas
A raíz de estas afectaciones, las comunidades interpusieron una acción de protección con medidas cautelares el pasado 29 de abril de 2020. Sin embargo en dos instancias les fue negada. Asimismo se inició una persecución legal contra un dirigente indígena e integrantes del equipo de apoyo legal al caso. “A un año de un derrame evitable, Jaime Oña, juez constitucional de primera instancia, ha iniciado un proceso penal poco creíble basado en un confuso cargo de ‘delito informático’ e instigación, contra un líder indígena y miembros del equipo legal”, sostuvo Verónica Potes, abogada del equipo jurídico de la Alianza por los Derechos Humanos.
