Por: Ivette Celi Piedra / @ivetteceli
Pensé que no iba a volver a escribir sobre este tema, al menos no pensando en su vigencia en el presente y alertando a la ciudadanía sobre el riesgo del incremento de la violencia como política de Estado.
A propósito de las alarmantes declaraciones del candidato Guillermo Lasso y el apoyo por parte del partido socialcristiano sobre promover una ley para el libre porte de armas en Ecuador; veo necesario hacer uso de la memoria para comprender lo que significaría volver a tener un gobierno que promocione la violencia estatal de forma sistémica. Espero que estas líneas sirvan para construir conciencia crítica y establecer relaciones entre pasado y presente, que nos ayuden a comprender que la historia es cíclica y que el aprendizaje social es fundamental para evitar que los errores del pasado se vuelvan a repetir.
1984-1988 un pasado cargado de similitudes en el presente
El Ecuador no tuvo dictaduras violentas como las de Argentina, Chile o Bolivia, sin embargo, el período democrático de León Febres Cordero (1984-1988) fue uno de los más violentos y autoritarios de la historia de nuestro país. Paradójicamente y observando las similitudes con el presente, la política de represión del febrescorderato articuló tanto a Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y sus actividades tuvieron influencia directa de otros gobiernos represores como Estados Unidos, Brasil, Panamá, Argentina y Chile. Su política se basó jurídicamente en la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue creada en 1979 por Decreto Supremo Nº 275 durante el Triunvirato Militar. Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), en base a esta ley se justificaron desapariciones forzadas, represión sistemática, violación de derechos, crímenes de Estado y tortura.
Otra de las similitudes con el presente es que, en este periodo, la gestión estatal estuvo basada en un sistema de desmantelamiento institucional que privilegió los movimientos mercantiles del sector privado, cuyas consecuencias consistieron en una baja eficiencia de lo público y una institucionalidad casi autónoma alejada de los procesos de modernización, sobre la base de una estructura incoherente y con pocas capacidades de coordinación.
Bajo estas condiciones la participación social se vio limitada por el ocultamiento de la información, que también fue resultado de un escenario de descoordinación con respecto a la gestión de la información, que pudiera garantizar transparencia y acceso. Los medios de comunicación corporativos establecieron una coalición mediática para omitir la verdadera violencia del Estado.
Con este fenómeno, efectivamente, el mercado y el poder económico lograron globalizarse, pero el Estado y sus instituciones tuvieron que enfrentar una cadena de problemas derivados de la mundialización económica, la individualización del poder, el incremento de demandas sociales, crisis energéticas y déficits presupuestarios generalizados.
Todo este panorama provocó una serie de problemas de índole fiscal que tuvieron que ser resueltos con fórmulas macroeconómicas que disminuyeron principalmente las formas de articulación social e impulsaron el endeudamiento externo como recurso de paliación de la crisis. Es decir que, al igual que hoy, se generó un estado de incertidumbre enfocado al crecimiento de la brecha entre clases sociales y el predominio de la exclusión social.
En el ámbito jurídico, el gobierno de León Febres Cordero se impuso ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Tribunal de Garantías Constitucionales para justificar sus procedimientos. El gobierno central envió leyes para su aprobación con carácter de urgente, hizo caso omiso a las denuncias de corrupción de los miembros de su gabinete y deslegitimó públicamente a todos quienes se opusieran a su forma de gobierno, todas estas decisiones políticas sumadas a las económicas dieron paso al descontento generalizado de la población.
Por otro lado, la relación de Febres Cordero con el gobierno de Estados Unidos le permitió fortalecer un sistema depredador de los recursos naturales del Estado, de este modo expidieron leyes que facultaban la entrega de áreas amazónicas para la extracción minera, de petróleo e hidrocarburos afectando a pueblos originarios que habitaban esos territorios. La tensión social y las pugnas políticas propiciaron la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE (1986) para la lucha de los pueblos indígenas en contra de los abusos de poder, el despliegue de siete paros nacionales, la sublevación de militares por casos de corrupción y métodos de represión y la articulación del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).
El ejercicio del miedo
Febres Cordero estableció un sistema de comunicación basado en el ejercicio del miedo que tenía como finalidad identificar, ante la opinión pública, aquellos grupos sociales que representaban un peligro para su régimen, entre ellos muchos relacionados la izquierda latinoamericana y a las organizaciones campesinas e indígenas. Por otro lado, el discurso gobiernista planteó la justificación de acciones represivas en beneficio y salvaguarda de la propiedad privada que, según el gobierno, estaba siendo vulnerada por la activación de focos de acción comunista. Bajo estos aspectos crearon los escuadrones volantes de la Policía Nacional que tenían como finalidad reprimir, capturar y amedrentar a los individuos que mostraran signos de oposición a sus medidas políticas y económicas.
Tal y como sucedió en otros países latinoamericanos, el gobierno constituyó una compleja estructura militar y policial al servicio de la represión de organizaciones y movimientos sociales, catalogados como insurgentes, amparado en la Ley de Seguridad Nacional de 1979. Las actividades destinadas a Fuerzas Armadas y Policía Nacional eran de inteligencia e investigación, hasta 1985 se consideraba a la PN como una fuerza auxiliar del aparato militar.
Debido a los incrementos recurrentes de los precios de combustibles, transporte público, canasta básica y servicios, las organizaciones sociales comenzaron a intensificar su oposición al gobierno. Esto provocó la persecución a los dirigentes sindicales y líderes sociales, inclusive llegando a amedrentar e inculpar a sus familiares por diversos delitos.
Represión, tortura y desaparición
El autoritarismo vigente en todo el período de gobierno de Febres Cordero impuso una dinámica de irrespeto jurídico e institucional, ya que involucró a miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en ámbitos políticos y a la empresa privada en ámbitos de control y uso de la fuerza pública, con la creación de los escuadrones volantes en 1985.
Para hacer efectiva la política de represión, Febres Cordero se valió de la declaratoria de estado de emergencia nacional, instrumento del que hizo uso en las siete huelgas nacionales que se produjeron en su contra. Con este procedimiento pudo movilizar recursos económicos e institucionales para la detención arbitraria de dirigentes políticos, religiosos, medios de comunicación, periodistas y cualquier grupo que representara alguna amenaza al orden establecido.
Es difícil no hacer relaciones directas entre el Ecuador de la década de 1980 y el del 2020, seguramente esta historia que se repite en la actualidad implica que, como sociedad, no hemos aprendido de esos errores y continuamos poniendo en riesgo un futuro que hoy vemos cargado de incertidumbres. Entre 1984 y 1988 (apenas una administración de gobierno) se identificaron 310 víctimas de violación de derechos humanos, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad los casos más representativos fueron relacionados a tortura, privación de la libertad, violencia sexual, ejecución extrajudicial y desaparición forzada (entre el 10 de agosto de 1984 y el 10 de agosto de 1988 se registraron 41 víctimas).
Heridas profundas e irreparables
Luego del gobierno de León Febres Cordero, la desconfianza ciudadana en la justicia determinó un prolongado silencio que fue acompañado por el recrudecimiento de una crisis de inestabilidad política y económica, impulsada por la adopción de políticas de corte neoliberal que hoy, luego de más de dos décadas, volvemos a sufrir. Pese a que en la Constitución del 2008 prevalece el principio de justicia social, no existe autonomía institucional que materialice el mandato constitucional y por tanto que garantice el respeto a los derechos humanos.
La provocación de la derecha en los últimos días me lleva a retomar la reflexión de un libro que tiene gran vigencia en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en medio de la pandemia. El Estado Anómico de Peter Waldman (2006) hace una revisión de la decadencia estatal de fines de siglo y cómo la desconfianza en la institucionalidad pública, provocada por altos niveles de discrecionalidad, nepotismo, favoritismo y falta de transparencia en las acciones gubernamentales, hizo que las normas jurídicas e instituciones de control se vean como instrumentos de la mitología política.
Una situación de anomia resulta cuando hay una carencia de normas o reglas legitimadas por la sociedad para dirigir su comportamiento. En nuestro caso, el escenario es un Estado desprovisto de una estructura institucional y orgánica que garantice el orden pacífico y el cumplimiento de las normas enunciadas en los instrumentos jurídicos. Por ello, candidatos de extrema derecha pretenden aprovechar ese estado de anomia para impulsar propuestas que incrementan la violencia.
Violencia y limpieza social
Hay una película de ficción, muy mala por cierto, que escenifica el futuro que Lasso y otros candidatos, proponen con el libre porte de armas. La Purga, que recomiendo solo para graficar esta crisis, supone una propuesta gubernamental de limpieza social mediante el libre uso de armas por parte de la ciudadanía. De ese modo, tanto gobierno como sociedad civil entran en una dinámica de violencia sin precedentes en donde la población se mata entre sí, con el único pretexto de la protección.
Tal vez el ejemplo es extremo y violento, pero no deja de llamar la atención que sean los candidatos los que pretendan armar a la ciudadanía como una oferta de campaña, y que además se piense que eso puede generar votos. Por eso me he permitido utilizar la memoria para traer al presente los hechos traumáticos del pasado, justamente para impulsar un aprendizaje de no repetición y poner en evidencia el riesgo latente de volver a un régimen donde la violencia se convierta en ejercicio cotidiano.
Si la propuesta de Lasso les suena contemporánea, le recomiendo revisar el informe de la Comisión de la Verdad y preguntarse ¿Ese es el futuro que queremos?
