Quito 25 de nov (La Calle).- “Los arrendatarios no abrían el local por la cuarentena, entonces conversaron conmigo para que les baje el arriendo a USD 250. Después que retomaron las ventas acordamos que pagarían USD 300 de los USD 500 que abonaban antes de la pandemia”. Así lo manifestó Elina Pinto, dueña de un local comercial en el sector de Ponceano Alto, al norte de la Capital. La Defensoría del Pueblo recibió alrededor de 1.200 peticiones de apoyo tanto de personas arrendadoras como arrendatarios para resolver la situación a través de mecanismos de diálogo.
El pasado jueves 26 marzo de este año, la Defensoría del Pueblo exhortó a evitar los desalojos por mora en arriendos durante la emergencia sanitaria. “Defensoría del Pueblo hace un llamado a las y los arrendadores a buscar mecanismos que permitan superar esta crisis, sin desalojar a sus arrendatarios/as, ya que esto incrementaría la posibilidad de más contagios, en atención a las condiciones actuales que vive el país”, reza el comunicado.
Al igual que Pinto, arrendatarios de otros sectores de la ciudad tuvieron que llegar a una conciliación para evitar el desalojo. Jessica Vélez arrienda una casa en el conjunto habitacional Alicante, ubicado en el Sangolquí. La familia de cinco miembros paga mensualmente USD 200 por la vivienda. Este fue el trato luego de que la madre de familia le comentara a la dueña que le redujeron el salario.
Al sur de la ciudad, la presidenta del Conjunto residencial Los Girasoles, Verónica Cajamarca, manifestó que desde el inicio de la pandemia los arrendadores comenzaron a competir entre sí. Algunos de los arrendatarios tomaron la decisión de abandonar las viviendas porque no estaban en condiciones de pagar, mientras que otros dejaron de costear las alícuotas.
“Desde marzo hasta la fecha, 20 propietarios dejaron de pagar las alícuotas y otros compiten con los precios más bajos. Dos arrendatarios se trasladaron a otras casas en el mismo conjunto porque les ofrecían viviendas más baratas”, dijo.
A la espera de un plan para evitar el desalojo en el 2021
Humberto Burbano, coordinador de Protección de la Defensoría del Pueblo, manifestó que gracias a la Ley de apoyo humanitario se redujo el nivel de tensión que entre arrendadores y arrendatarios. Así mismo, el funcionario indicó que desde que esta política concluyó, los conflictos aumentaron. “Muchos de los arrendadores no tienen ingresos suficientes y esto conlleva a los desalojos. Nosotros pedimos medidas urgentes para finalizar el año tanto al Gobierno Nacional como al COE”, manifestó.
Burbano señaló que desde que inició la pandemia, las peticiones por situación de desalojo aumentaron en un 65%. “En el mes de junio se redujeron las denuncias, pero creemos que el próximo año pueden aumentar. Como institución vigilamos el cumplimiento de los derechos. La autoridad competente que puede responder por esta situación es el Ejecutivo”, concluyó. (GG)
