Por: Sebastián Tamayo Villarroel / @tamayo95se
Como todas las semanas, el Ejecutivo no deja de sorprendernos. En su afán por cumplir sus compromisos con las multilaterales y los grupos económicos del país, Moreno anunció un par de decretos.
De cara a los cambios que vive el país, es innegable la injerencia fondomonetarista que pregona la política pública. Recordemos que el 28 de agosto del año en curso, el gobierno ecuatoriano celebró un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de USD 6.500 millones.
Entre las “acciones prioritarias” que exige el FMI se reitera la reducción del gasto público. En menos de un mes de aquello, el Ejecutivo emite el Decreto No. 1158 para eliminar los subsidios de los combustibles. Y no es todo, a diferencia del Decreto No. 883 (octubre 2019), efecto de la primera carta de intención, en esta ocasión vino en combo pues se desregularizaron los precios.
Ahora, los importadores bienhechores son quienes definirán el costo de los combustibles. Mientras tanto, el “aliciente” para todas y todos los ecuatorianos, según versa información oficial, es que “la gasolina Extra y Diésel continuarán fijándose bajo el sistema de banda”. Una nueva manera, tan solo de forma, para decir que el precio fluctuará acorde a la voluntad del capital importador.
Para dejar clara la dialéctica, entre ricos y pobres, Lenín Moreno creo el “Bono de Apoyo Nutricional” mediante el Decreto No. 1157. Consiste en el pago de USD 240, por una sola ocasión, a personas en situación de vulnerabilidad.
Así funciona la filantropía del Estado, mientras dan garantías a los grupos económicos, recalcan la condición de pobreza del resto de ecuatorianos efecto del desempleo y la falta de pleno empleo. Por tanto, la emergencia sanitaria se convirtió en la excusa perfecta para que el gobierno pueda cumplir sus compromisos con los grupos económicos y con las multilaterales.
