Quito, 17 nov (La Calle).- Las protestas por las medidas económicas concluyeron en Ecuador la noche del domingo 13 de octubre, tras intensas negociaciones entre el Gobierno y los líderes del movimiento indígena. Al día siguiente, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, derogó oficialmente el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.
Durante las movilizaciones suscitadas del 02 al 13 de octubre se denunciaron varios casos de violación a los derechos humanos por parte de los manifestantes y la fuerza pública. Por lo cual, los organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional conformaron la Comisión de Justicia y Reparación Integral y la Comisión Ocasional Multipartidista. Ambas con el objetivo de investigar los hechos relacionados con el paro nacional.
Cabe destacar que, esta última comisión no solo tiene la misión de investigar las posibles transgresiones a los derechos sino, también, indagar sobre los supuestos abusos e intentos de desestabilización política y determinar responsabilidades. “Esta comisión efectuará control político sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública a nivel nacional, así como realizar un seguimiento al fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo establecido por el Gobierno”, indica el Legislativo en un comunicado publicado el 24 de octubre.
La Comisión Ocasional abrió el 02 de noviembre una convocatoria para que todos los interesados puedan entregar información sobre los sucesos en las manifestaciones. Los primeros en asistir ante los comisionados fueron los representantes de la Defensoría del Pueblo y la CONAIE, mismos que presentaron un recuento de las víctimas, heridos y detenidos en la semana del 04 al 08 de noviembre.
Actuación de la policía
El miércoles 06, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció ante la comisión, para dar detalles e información de las protestas. La secretaria de Estado indicó que los policías solo utilizaron armas de disuasión, no letales. Además, insistió que por parte de los manifestantes “existió preparación, entrenamiento y confección de artefactos artesanales, donde hubo ataque y proyección”.
Las declaraciones de la ministra fueron criticadas por los medios alternativos digitales, quienes evidenciaron la fuerte represión producida sobre los manifestantes con gas lacrimógeno caducado, perdigones y toletazos por parte de la policía.
En una entrevista realizada el martes 12 por el medio digital La Posta, Romo aceptó que la policía hizo uso de gases caducados, justificando que se encontraban en una emergencia que se les salió de las manos. Los gases fueron utilizados en lugares en donde se hallaban niños, mujeres y ancianos, los cuales pueden provocar graves afecciones a la salud ya que inhalar este compuesto químico provoca convulsiones, abortos y problemas al corazón.
En la misma reunión, Cesar Rohon, asambleísta y miembro de la comisión multipartidista, preguntó a la ministra sobre las acciones de la Policía Nacional durante las manifestaciones. Romo respondió que “la policía redujo al máximo la posibilidad de enfrentamiento y de contacto físico con los protestantes”.
Sin embargo, los video en las redes sociales mostraban todo lo contrario. En uno de ellos se observa a un agente de la ley pasar por encima a un ciudadano con su motocicleta.
Durante las protestas, el movimiento indígena retuvo a 10 policías. Los gendarmes estuvieron a la vista de todas las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo medios nacionales, comunitarios y alternativos. A los uniformados se les entregó tarrinas de comida y fueron entregados pacíficamente, en horas de la noche, al Defensor del pueblo Freddy Carrión, bajo la supervisión del personal de la ONU, mismo que agradeció la entrega en un comunicado oficial.
Más testimonios
El jueves 07 de noviembre, diez miembros de la fuerza pública denunciaron ser víctimas de agresiones, calumnias y pérdidas oculares durante las manifestaciones de octubre. En respuesta a las declaraciones de los policías, Vargas afirmó que los gendarmes están mintiendo al país y están entrando en la mentira del gobierno.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mediante su cuenta oficial de Twitter, llamó a los medios nacionales a realizar una cobertura de lo que pasaba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Los periodistas que acudieron informaron que estaban ahí por su voluntad, y no retenidos.
Durante la misma jornada de comparecencias, la Comisión Multipartidista recibió a los exiliados tras las protestas. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes están con asilo en la sede diplomática mexicana, brindaron sus testimonios por videoconferencia. Los legisladores se catalogaron como perseguidos políticos y señalaron que no tuvieron más opción que acudir al asilo diplomático.
“Me asombra que la Asamblea en vez de proteger, nos cuestione”, añadió Rivadeneira, quién también se solidarizó con sus coidearios, Virgilio Hernández y Paola Pabón, detenidos para investigaciones por supuesta rebelión y que comparecieron ante la Asamblea el lunes 11 de noviembre.
Un futuro informe
Fernanda Narváez, defensora de 33 ciudadanos detenidos en Contraloría, señala que hay varias inconsistencias en las aprehensiones incluso en las contradicciones.
Además, la dirigente Luisa Lozano lamenta que “el Estado tiene una deuda en cuanto a la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Asimismo, denuncia que durante el paro “la fuerza pública reprimió sin distinción de la presencia de mujeres, niños y ancianos”.
El asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Rohon condena las agresiones durante el paro nacional. “Ningún decreto puede generar tanta violencia, existieron hechos que perjudicaron al país económicamente”, declaró.
La Comisión tiene 30 días para presentar su informe al pleno de la Asamblea. De manera que, el 24 de noviembre, el país tendrá una respuesta del Legislativo.