Sebastián Tamayo Villarroel / @tamayo95se
Los discursos de poder son emitidos por quienes tienen poder. Aunque suene redundante es preciso decirlo debido a que, el sustento de estos relatos radica en la construcción de un estatuto de verdad que incluye líneas argumentales y relaciones con líderes de opinión, medios de comunicación, expertos y académicos. Eso no lo puede hacer cualquiera.
Durante el régimen de Lenín Moreno las relaciones mencionadas introdujeron en el debate público nociones como “la culpa es de Correa”. Por ello, es recurrente observar en los medios tradicionales el subjetivismo y la prioridad que otorgan a la cobertura, por ejemplo, del Caso Sobornos, el Caso Rebelión, en el que armaron una campaña mediática en contra de Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, entre otros.
En los dos eventos mencionados, mientras los medios internacionales investigaban sobre los fallecidos, en el paro de octubre y la pandemia respectivamente, la línea editorial de algunos medios nacionales, les mantuvo enfocados en reproducir el discurso de poder pues minimizaron los decesos.
En cuanto a la relación con expertos y académicos, por citar específicamente un ejemplo, recordemos el Laudo Parcial de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el caso Chevron III (2018). Inmediatamente un exministro de Energía, del gobierno de Febres Cordero, además de secundar la hipótesis de la transnacional, afirmaba en varios medios de comunicación que la culpa era de Correa, reproduciendo las declaraciones del Procurador General del Estado. Este efecto se repitió con notables académicos y puede ser observado en la opinión “Manos sucias” publicada en El Universo.
La participación activa de los medios de comunicación, líderes de opinión, académicos y expertos, en la difusión del discurso de poder, configura el estatuto de verdad. El objetivo: justificar ante la opinión pública los atropellos, hasta inconstitucionales, del gobierno de Lenín Moreno, mediante una estrategia de transferencia de responsabilidad a un tercero.
En consecuencia, el estatuto de verdad, junto con el poder judicial, el poder represivo y las alianzas con el poder económico, han permitido que Lenín Moreno continúe en Carondelet. Luego del paro nacional de octubre (2019), el gobierno nacional acentuó la censura. El primer objetivo fue Pichincha Universal.
Con la pandemia, Moreno ganó la pleitesía del FMI y de los grupos económicos; incrementó el descontento social y sepultó por completo su credibilidad. Junto con la veracidad informativa de los medios tradicionales por reproducir el discurso oficialista, que incluye el silencio cómplice.
Por el contrario, los medios no alineados al estatuto de verdad del régimen se convirtieron en un peligro para el gobierno, por ello son amenazados. En esta ocasión, mayo de 2020, Radio La Calle pretende ser censurada. Definitivamente, a Lenín Moreno no le queda de otra que intimidar pues, se vienen “buenas leyes y buenas armas”.
