Quito, 21 may (2025).- El Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP), liderado por la Asociación MEGA con apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador (FES), reveló en su último informe que durante el proceso electoral de 2025 se registraron 46 asesinatos de actores políticos y funcionarios públicos, marcando un incremento considerable en comparación a las Elecciones Anticipadas de 2023.
Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de crisis institucional, con 11 estados de excepción declarados en 2024 y una escalada de violencia atribuida a grupos criminales. La provincia de Guayas concentró el 25% de los casos, seguida por Manabí (26%) y El Oro (8%). Los hombres fueron las principales víctimas (75%), aunque la violencia contra mujeres incluyó agresiones simbólicas basadas en estereotipos de género, como la sexualización (46.5% de los casos) y deslegitimación de su liderazgo.
Entre las víctimas de asesinatos registró 14 líderes políticos, un líder de opinión, 21 funcionarios públicos, cuatro miembros de la Fuerza Pública, un exfuncionario público y cinco víctimas colaterales. El informe también señala que, pese a la militarización, el 58% de las agresiones ocurrieron durante el período electoral, incluida la primera y segunda vuelta.
Violencia de género y discursos de odio
El documento destaca que la violencia política por razones de género se intensificó, con 44 casos documentados, principalmente contra candidatas. Luisa González, figura prominente, lideró el porcentaje de agresiones en su contra. Además, se identificaron discursos discriminatorios en redes sociales, especialmente contra la comunidad afrodescendiente e indígenas, como el caso de los «Niños de las Malvinas», cuyas muertes fueron instrumentalizadas con narrativas racializadas.
Recomendaciones incumplidas y desafíos
El OCVP alertó sobre el incumplimiento del 60% de las recomendaciones clave tras las Elecciones de 2023, como la reforma al Código de la Democracia y políticas efectivas de seguridad electoral. Aunque se implementaron operativos como el Plan Fénix, persisten vacíos en la protección de candidaturas y el control del financiamiento político.
El informe concluye con un llamado a autoridades, partidos y sociedad civil a priorizar acciones que fortalezcan la democracia, combatan la desinformación y aseguren condiciones equitativas para la participación política.
Aquí el informe: