Génesis Gómez, redactora
Quito 22 de dic (La Calle).- Alrededor de 400 médicos exigen una solución tras la entrega tardía de la guía metodológica de orientación para incorporarse al año de salud rural. La guía fue presentada el 28 de octubre de 2020, luego de que los estudiantes rindieran el examen de habilitación. El Consejo de Aseguramiento de Calidad de la educación superior (CACES) evaluó sus exámenes con una tabla anterior que mantenía otros índices.
“En el artículo 20 de la metodología, publicada en marzo, consta que aprueban los estudiantes que acierten a 72 preguntas correspondiente al 60% de la evaluación. El 3 de diciembre nos dieron los resultados evaluados con 81 aciertos o sea el 67.5%. No tiene sentido que nos den una guía posterior al examen. Estaremos 8 meses en desempleo”, dijo uno de los afectados Cristian Palma Subiaga.
El estudiante advirtió que, durante la inscripción y las capacitaciones realizadas en septiembre, las autoridades no recibieron la guía por lo que se rigieron al último documento presentado por la entidad. De acuerdo a las cifras, en la primera evaluación aprobaron más del 60% de los estudiantes y en la segunda, apenas el 48%.
En este punto, los estudiantes proponen una acción de protección a nivel nacional. “Creemos que no tienen el aval económico para solventar los gastos para los médicos rurales: no existe otra explicación. Nos sentimos desprotegidos porque el abogado dio respuestas únicamente para 30 personas. Nosotros estuvimos 15 días recopilando datos y mandando documentos. El abogado apoyará solo a los que tengan dinero para hacerlo”, señaló.
¿Qué opina la Comisión de educación de la Asamblea?
El pasado jueves 10 de diciembre, la asambleísta Silvia Calderón pidió comparecer a los personeros del Consejo de Aseguramiento de Calidad de la educación superior (CACES) ante el pleno por la vulneración de la garantía de derechos a los estudiantes de medicina. El asesor Leonidas Chiliquinga, de la Comisión de educación, manifestó que la CACES debió cumplir con un plan piloto durante la pandemia que permita medir las falencias de la evaluación.
“Han llegado varias denuncias a nivel nacional. La comisión iniciará un proceso de fiscalización en la primera o segunda semana de enero. Debemos preguntarnos si esta institucionalidad está haciendo lo correcto por un sistema de educación de calidad. Aquí se vulneran dos derechos constitucionales: el proyecto de vida y derecho a la educación”, dijo.
El funcionario aseguró que desde hace ocho se evidencia la falta de cupos. De acuerdo con las declaraciones de Chiliquinga, este inconveniente se debe a problemas técnicos. En 2018, se realizaron reformas a la evaluación para transformar la “evaluación discriminatoria”; sin embargo, estas propuestas se aplicaron de manera parcial. El asesor plantea que no se trataría de un tema económico, pues hace poco arribaron los créditos con el FMI.
“No debería existir una afectación. No es un problema de financiamiento, sino de coordinación entre el sistema de salud y educación Las autoridades deben comparecer ante el Pleno y responder a este fallo”, acotó. El artículo 104 de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) otorga al CACES la responsabilidad de implementar esta evaluación para profesionales de las carreras de interés público.
