Quito, 12 oct (La Calle).- El ministro del Interior, Juan Zapata, enfatizó que el teniente Rodney Rengel, quien investigó el caso «León de Troya», deberá responder y demostrar todas las declaraciones que ha realizado.
En rueda de prensa vía Zoom, el agente brindó más detalles sobre el caso y aseguró que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tenía conocimiento de todos los hechos y aún así mandó a archivarlos.
«El fiscal Balda, quien llevaba la investigación, me dijo en una reunión por Zoom que ya todo era conocimiento de la fiscal y ordenaba que se cierre», explicó.
Aunque Zapata repitió que tanto la Policía como la Fiscalía «desmintieron» las acusaciones de Rengel, en una entrevista recalcó que la única autoridad para disponer el cierre de las investigaciones es la fiscal.
«Quien pide legalmente que se cierren o archiven las indagaciones es la fiscal y ahí lo hace un juez», argumentó en Noti Mundo.
Sanciones y más sanciones
El ministro señaló que la Policía abrió un proceso administrativo interno en contra de Rengel por las «faltas injustificadas» que tiene. Señaló que el marco normativo se rige para los 59 mil uniformados que hay. «Todos estamos sometidos a ese marco, por lo que aplica de igual manera para todos», dijo.
El teniente resaltó que hasta el momento no se concreta la reunión que mantendría con la Fiscalía para hablar de su seguridad y la de su familia. Además, mencionó que existen más resúmenes de conversaciones en torno al caso que no han sido investigados.
Zapata indicó que indagan si Rengel tenía autorización o sustento para difundir todas esas declaraciones. Según él, el teniente «nunca lo llamó» o se puso en discusión el tema de su seguridad. «Yo ni siquiera tengo el gusto de conocerlo», aludió.
De la misma manera, la Policía Nacional -en un comunicado- señaló que las versiones del teniente solo se representan su postura personal y no la de la entidad.
Cosillas sobre Lasso
Rengel afirmó que la mafia albanesa financió la campaña de Lasso a cambio de algunos puestos en los ministerios, Aduanas, BanEcuador, entre otros, por costos superiores a los USD 20 millones.
No obstante, Zapata -cual fiel amigo de Lasso- repitió que el propio presidente «exigió» que se reabra la investigación para determinar todos los delitos. Subrayó que la investigación esta en curso y la FGE será la encargada de revelar los datos. «Él mismo (Lasso) solicitó que la abran porque sabe que no hay nada», apuntó.
