Ecuador en agosto del 2020 registra más de cien mil personas contagiadas de COVID. Un dato oficial de más de seis mil víctimas y un subregistro que supera las diez mil. Hasta la fecha el gobierno tiene una deuda pública que se acerca a los sesenta mil millones de dólares. Es decir, que supera el 60% del PIB. Funcionarios públicos, entre ellos personal de salud y del sistema educativo, no han recibido su salario del mes de julio. Los proveedores del Estado tampoco han sido pagados desde hace más de seis meses (en el mejor de los casos).

En lo que respecta a la seguridad social, más de 300 mil personas dejaron su afiliación al IESS debido al incremento de despidos. Más de un millón de desempleados es el producto de las políticas neoliberales del gobierno con respecto a la pandemia. A este panorama debemos sumar la persecución política, la desregulación estatal, las violaciones a los derechos humanos en Ecuador –derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión, derechos civiles, derecho a la salud, etc.– la violencia, la delincuencia ligada a la falta de oportunidades de trabajo y un sinnúmero de problemas que se han ido acumulando durante los tres años de morenato.

Parecería que ser candidato presidencial en Ecuador, en estas condiciones es jugarse el prestigio y la vida, pero no. Contario a como se observa el panorama económico y social del país, ser candidato, o al menos publicitar una postulación, podría ser un gran negocio. Sobre todo si se trata de permanencia política de A o B partido o movimiento. Lograr la inmunidad temporal frente a procesos judiciales, o si consiste en confundir al electorado para evitar el despunte de otro candidato.

La candidatura de Juan Fernando Velasco

En este país ya nada llama la atención; como ciudadanos hemos visto caer al país de tumbo en tumbo y de escándalo en escándalo a un hoyo cuya profundidad todavía no hemos calculado. Siempre, cada vez más bajo. Pero quiero referirme –sin duda por mi inclinación hacia el sector cultural al que pertenezco– a la postulación del ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, como un ejercicio de reflexión sobre la magnitud del desprestigio de la clase política actual.

Hace no más de una semana, el partido político “Ruptura” decidió cambiar su denominación a “Construye”. Tal vez como una estrategia de comunicación que intenta borrar del imaginario público, su relación con el correísmo en primera instancia, y su cogobierno con el morenato, a través de figuras poco apreciadas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Richard Martínez, Norman Wray, entre otras.

Para ello acudieron a la “carismática” figura de Juan Fernando Velasco quien, como carta de presentación, tiene haber sido nominado (no ganador) a dos premios Grammy Latino, ser jurado de “Yo me llamo”, ser embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ser el segundo ministro de Cultura y Patrimonio de este gobierno. Este último cargo es tal vez el único que Velasco ha ejercido en la función pública. De ahí su abismal desconocimiento de las normas, los procesos, la gestión pública y por tanto sus desaciertos.

¿Qué le espera al ministro?

¿Cómo un candidato sin capital político y con el mayor rechazo por parte del sector al que pertenece apuesta a un “cambio” de timón en un país que se desmorona? No es necesario adivinar el futuro de Ecuador para saber que obtendrá una votación precaria, por decir lo menos. Pero además se llevará consigo el prestigio de una carrera musical que, mal o bien, había sido su nicho de trabajo. ¿Es un acto de vanidad, valentía o ignorancia asumir una responsabilidad de esa magnitud? Quienes trabajamos en el sector cultural conocíamos de las aspiraciones políticas del ministro Velasco. Pero, ¿no hubiera sido más comprensible, o menos reprochable integrar la lista de asambleístas?

En política hay decisiones que los ciudadanos comunes nunca vamos a comprender. Pero gracias a las redes sociales, donde la información es mucho más rápida y estruendosa –casi como un reality show– también se genera opinión, rechazo y hasta humor. Los arreglos internos a los que llegan los políticos y aquellos que pretenden posicionarse dentro de la palestra pública, definitivamente tienen componentes más personales que de servicio. Llegan a llenar un espacio donde la ética no tiene cabida.

¿Qué se necesita para dirigir un Estado?

Por ello, el ejemplo de lo que sucede actualmente en el sector cultura: la falta de atención a los actores y gestores culturales, la desinstitucionalización del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la falta de autonomía en la toma de decisiones y la desregulación, entre otros problemas, son el claro reflejo del poco o nulo interés de su autoridad sobre la responsabilidad que asume al aceptar ser un servidor público. Así pudiéramos analizar el perfil de la gran mayoría de candidatos y poner en evidencia cómo sus intereses personales están por sobre el interés común.

Para dirigir un Estado es imperativo tener experiencia en los asuntos públicos; conocer a fondo la problemática estatal y proponer soluciones tangibles, medibles y equitativas, algo que la mayoría de candidatos no tiene. Por ello la invitación a analizar, discutir y reflexionar los planes de gobierno que los candidatos y sus movimientos presentarán; es ahí donde radica la principal responsabilidad de la ciudadanía. El conocimiento es fundamental para argumentar las razones de nuestro voto. Al fin y al cabo, somos quienes habitamos este territorio y los mandantes del gobierno que vendrá. Eso nos convierte en veedores de los procesos públicos e integrantes principales del sistema político nacional.

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