Quito, 20 nov (La Calle).- Frente a las instalaciones valladas del CNE, los vocales suplentes de este órgano, José Merino, Cristina Kronfle y Mónica Noriega exigieron ser principalizados tras haber concluido el período de funciones de Diana Atamaint y los demás consejeros el pasado 19 de noviembre.
Los forcejeos, el gas pimienta y las posturas divididas dejaron en evidencia las fracturas al interior del organismo electoral. Desde las primeras horas de la mañana, los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuvieron rodeados de vallas metálicas y resguardo policial.
Posteriormente, los vocales suplentes llegaron al edificio e intentaron ingresar por el área de parqueaderos. La acción fue bloqueada por la policía, lo que derivó en un escándalo masivo.
Durante el altercado, una nube de gas pimienta dispersó a los manifestantes y afectó especialmente a Kronfle, quien señaló tener alergia al gas. Según la Policía, un video evidenciaría que el gas fue lanzado por una persona cercana al grupo de suplentes, aunque Kronfle afirmó que nunca se le presentó dicha prueba.
Posturas enfrentadas
Los consejeros titulares Diana Atamaint, Enrique Pita, Esthela Acero, Elena Nájera y José Cabrera actualmente continúan en sus labores bajo el respaldo de un informe de la Procuraduría que recomienda su permanencia hasta que se designe a sus sucesores.
Este pronunciamiento fue interpretado por los suplentes como una maniobra para impedir su acceso al cargo, una situación que, según ellos, vulnera la normativa y derechos humanos.
“A partir de la medianoche, ellos ya no son consejeros. Esto no es solo un tema de principalización, sino de detener una extensión ilegal y la represión contra miembros legítimos del CNE”, dijo Kronfle.
Intentos de diálogo y resistencia
La consejera titular Elena Nájera salió brevemente a dialogar con los suplentes y sus seguidores, quienes le solicitaron apoyo para gestionar su ingreso al organismo. Sin embargo, el acercamiento no logró solucionar el conflicto. Kronfle, Merino y Noriega aseguraron que continuarán activando medidas legales en instancias nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos.
