Quito, 23 Abr (La Calle).- La Comisión de Fiscalización cerró la etapa de actuación de pruebas en el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, este miércoles. Tras concluir la fase, en la que tanto acusados y acusadores presentaron sus alegatos, la siguiente será la redacción del informe que recomendará enjuiciamiento o absolución al pleno de la Asamblea Nacional.
La sesión de este miércoles arrancó con la intervención de Viviana Veloz (UNES) en la audiencia de alegatos, desde las 09h00. La legisladora fue delegada por parte del grupo que solicitó el juicio contra el mandatario por presunto peculado. Este proceso tardó cerca de cinco horas.
Los argumentos de Veloz
Según explicó la asambleísta de UNES, durante la audiencia se expuso más de 100 pruebas documentales y testimoniales que corroboran que existe la responsabilidad política para censurar y destituir a Guillermo Lasso de la presidencia. Dichas evidencias demuestran la responsabilidad del mandatario en actos de corrupción como peculado.
“Son pruebas que demuestran la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de 129 de la Constitución”, enfatizó la legisladora en rueda de prensa tras la audiencia.
Adicionalmente, mencionó que la figura de Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec EP es importante en el marco del proceso. Veloz, sostiene que el ex funcionario debe relevar al país la responsabilidad política de Lasso en este caso de corrupción.
Durante el citado proceso, Estupiñán no ha acudió presencialmente ante la Comisión. Solamente se ha limitado a enviar una carta en la que explica sus razones para no asistir. Por ahora, el ex gerente, es el testigo clave del caso. Él conocería los actos de corrupción alrededor de Hernán Luque, ex funcionario de EMCO.
Asimismo, Veloz destacó que Estupiñán fue el único funcionario que intentó dejar sin efecto el contrato entre la compañía Amazonas Tanker y Flopec EP.
“Por las razones políticas de la estructura de corrupción en las empresas públicas, el presidente debe ser censurado y destituido”, agregó.
Veloz aseguró que no temen a la opción de “muerte cruzada”
En los pasillos de la Asamblea Nacional, varios legisladores se mantienen pendientes ante el escenario de activación de la muerte cruzada de parte del Ejecutivo. No obstante, a la bancada de UNES no le incomoda esta opción, según revelo Veloz.
“El juicio político busca despejar el camino del mayor obstáculo que hoy enfrenta el Ecuador, y ese obstáculo tiene nombres y apellidos: Guillermo Lasso Mendoza“, subrayó la funcionaria. Admitió que esta opción será un “paliativo que calme la fiebre asfixiante” que consume al país.
Viviana Veloz señaló que referirse a las razones políticas para remover a Lasso del cargo porque son demasiadas y no necesariamente estan relacionadas con el juicio político. En la lista que citó figura el caso de narcogenerales, el caso ‘Encuentro’, el caso ‘Danubio’, Pandora Papers, el caso ‘León de Troya, sus vínculos con otros implicados en estos casos (como su cuñado Danilo Carrera). Antes estos sucesos, la asambleísta de UNES argumenta que Lasso traicionó y abandonó al pueblo ecuatoriano.
“Presidente Lasso, usted fracasó como gobernante. No prolongue su agonía política ni conduzca al Ecuador a un escenario de incalculables consecuencias sociales, si le importa la patria. Evítenos la vergüenza de destituir a un presidente y regrese a sus actividades como banquero“, concluyó.
Qué dijo el abogado de Lasso
Édgar Neira, abogado de Guillermo Lasso, pidió a la Comisión de Fiscalización no aceptar los alegatos del grupo de asambleístas que solicitó el juicio político. Sugirió no recomendar el enjuiciamiento contra el jefe de Estado ante el Pleno, por no haberse comprobado la acusación de peculado.
El jurista argumentó que no hay pruebas de que Lasso haya conocido el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool. También planteó que el mandatario no recibió las cartas de Johnny Estupiñán, ex gerente general de Flopec EP, en las que aparentemente advertía sobre irregularidades.
Al igual que lo hiciera Lasso hace una semanas, Neira insistió en que el informe de la Contraloría General del Estado aborda contratos celebrados y modificados en el año 2020, antes de que su cliente asumiera la presidencia. Además, expuso que Contraloría tampoco notificó del informe sobre dicha empresa. También mencionó que nunca se generó un nuevo contrato con Amazonas Tanker durante el actual gobierno.
Por último, señaló que las acusaciones sobre inacción de Lasso en el caso son falsas. Argumentó que el pasado 20 de septiembre de 2021 se presentó una denuncia en la Fiscalía al respecto. El documento habría sido suscrito por Pilar Ferri, gerente general de la empresa pública.
JR
