Quito, 26 ene (La Calle).- El legislador Fernando Villavicencio solicitó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, información referente a la “Ordenanza para la Creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha con Aporte Ciudadano”, que plantea el cobro de una tasa anual para el cuidado de las 53 vías que existen en la provincia.
Para Villavicencio el cobro de USD 1.50 mensuales, destinado al mantenimiento y reparación de vías, es un golpe a los bolsillos de los ciudadanos, Sin embargo, calla frente al alza de los impuestos para las clases medias y ante el veto a la Ley que frenaba los cobros indebidos por parte de la banca privada.
“Después del golpe a los bolsillos de los pichinchanos, he solicitado a Paola Pabón que remita información y estudios sobre la nueva ordenanza que crea el fondo especial, cobro de peajes y la ejecución de obras de la Prefectura de Pichincha”, escribió en su cuenta de Twitter.
Villavicencio sostiene que la ordenanza se conoció el 23 de enero de 2022, a través de las redes sociales y medios de comunicación, sin que esta haya sido socializada previamente por la institución, a pesar de haber sido aprobada el 07 de octubre de 2021.
El legislador solicita a la prefecta remitir el estudio técnico o de factibilidad de la ordenanza, el acta de la sesión a la que acudieron los alcaldes de los cantones de la provincia y se les informó del proyecto y el Modelo de Gestión y los Reglamentos necesarios expedidos para su ejecución.
¿Un ataque a la Prefectura?
Villavicencio también pide información de los trabajadores de Radio Pichincha. Cuántas personas trabajan, el presupuesto anual, los nombres de los programas que trasmite, así como los nombres, apellidos y funciones de los empleados de la radio.
Asimismo, solicita indicar cuántos funcionarios de carrera y libre remoción laboran en la Prefectura, el número de asesores por áreas y los del despacho, y cuánto es el monto asignado para las remuneraciones mensuales de todos los trabajadores.
El documento enviado a la prefectura también cuestiona cuántas obras civiles de construcción y rehabilitación se han ejecutado o se encuentran en ejecución, los montos asignados y su estado desde el año 2006 hasta la fecha.
Villavicencio también pide datos sobre las obras a cargo de la compañía contratista Hidalgo e Hidalgo Constructores, desde el año 2006. El estado de la carretera Calacalí-La Independencia, las terminaciones contractuales desde el 2006 y el monto de recaudación anual de la Prefectura por concepto de peajes.
