Por: Sebastián Tamayo Villarroel
Twitter: @tamayo95se
La Fuerza de Tarea de la Fiscalía del Ecuador recibió la tarea de analizar los posibles casos de corrupción durante la vigencia del Estado de Emergencia en el país. Las primeras acciones develaron “presuntos sobreprecios” en la compra de insumos vinculados a autoridades municipales, provinciales y de control, para lo cual La Fiscalía montó allanamientos e inició procesos legales, que pronto se convirtieron en medidas sustitutivas.
La pregunta que subyace es: ¿los expedientes juridiciales son o no una amenaza para alcanzar acuerdos políticos? ¿La inspección jerarquizada y la sanción normalizadora dependen de los compromisos políticos? Actualmente, se conoce una lista completa de asambleístas involucrados en el presunto reparto de hospitales, ¿qué espera la Justicia?
El efecto de poder en definitiva configura vigilantes, a su vez, perpetuamente vigilados. En este grupo se encuentran los jueces, los líderes políticos que acordaron en algún momento con el gobierno de Moreno y los asambleístas. Ahora, más que nunca, les conviene actuar acorde a las directrices pues, de lo contrario, les cae la “Fuerza de Tarea” como a Daniel Mendoza.
En torno a la corrupción se ha construido “un relato sensacionalista” para legitimar las pocas acciones de la Fiscalía referidas al tema en cuestión porque, a través de los medios de comunicación el poder produce “verdad y rituales de verdad”. El mejor ejemplo es lo ocurrido con Daniel Salcedo y su fracasado viaje al Perú. Estas historias han logrados su objetivo, sacar del debate público a las reformas económicas y el desempleo.
En definitiva: la Justicia en el Ecuador vigila el orden político y castiga a los disidentes.
