Quito, 23 ene (La Calle).- La vicepresidenta Verónica Abad acusó al presidente-candidato Daniel Noboa de cometer el delito de sedición y solicitó a la Asamblea que censure a ocho ministros de Estado, así como a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert, por obstaculizar sus funciones.
La segunda mandataria presentó esta petición mediante un oficio dirigido a la presidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, el pasado 21 de enero.
En su solicitud, la segunda mandataria solicitó ser recibida en comisión general durante la próxima sesión del pleno, una vez finalizada la vacancia legislativa. En su comunicación, denuncia una «grave violación a sus derechos humanos y a la institucionalidad del país». De igual manera, señaló que las acciones de las autoridades involucradas afectan tanto su desempeño como el orden democrático.
La vicepresidenta relata que todo se originó a partir de una sentencia emitida el 23 de diciembre de 2024 por la jueza Nubia Vera, quien determinó que el Ministerio de Trabajo vulneró sus derechos constitucionales al imponerle una suspensión de 150 días. La jueza ordenó el archivo del sumario administrativo y el reintegro inmediato de Abad a sus funciones.
Incidente en la Vicepresidencia
Abad indica que el mismo 23 de diciembre, tras conocerse el fallo judicial, acudió a la Vicepresidencia en Quito para retomar sus actividades. Sin embargo, se encontró con el edificio militarizado, lo que, según los agentes militares, respondió a una orden del presidente Noboa para impedir su ingreso. Además, asegura que los funcionarios que se encontraban dentro del edificio fueron retenidos y se les impidió salir, paralizando las actividades normales de la institución.
Ante este escenario, Abad informó a la Fiscalía sobre los hechos, calificándolos como un presunto delito de sedición. Además, solicitó medidas urgentes para preservar las evidencias del caso. Sin embargo, una petición de allanamiento realizada por la Fiscalía fue rechazada por un juez de turno.
La vicepresidenta también criticó la emisión del Decreto Ejecutivo n.º 490, que restringió sus funciones a una única tarea: colaborar en las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía. Abad señala que los ministerios de Relaciones Exteriores, Producción, Economía y Finanzas, y Trabajo no ejecutaron las disposiciones del decreto, lo que considera una muestra de desobediencia y obstaculización a sus labores.
Solicitudes de fiscalización
La vicepresidenta ha pedido que se investigue y censure a los siguientes funcionarios:
- Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa: Por ordenar a las Fuerzas Armadas impedir su acceso a la Vicepresidencia.
- José de la Gasca, ministro de Gobierno: Por coordinar acciones para obstaculizar su ingreso al edificio de la Vicepresidencia.
- Ivonne Núñez, ministra de Trabajo: Por disponer cambios irregulares en la modalidad de trabajo de los empleados de la Vicepresidencia y no ejecutar el Decreto n.º 490.
- Gabriela Sommerfeld, canciller: Por no implementar las disposiciones establecidas en el Decreto n.º 490.
- Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, y Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior: Por no cumplir con las acciones derivadas del decreto.
- Sariha Mora y Cynthia Gellibert, vicepresidentas encargadas: Por no ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo n.º 490.
- Juan Francisco Román Mendoza, secretario general de la Vicepresidencia: Por ejercer sus funciones de manera «irregular y deshonrosa» sin justificar su nombramiento.
La Asamblea Nacional, encargada de atender estas solicitudes, enfrenta limitaciones debido a la suspensión de las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) hasta el 9 de febrero de 2025, en cumplimiento de una resolución legislativa emitida el pasado 4 de enero.
Abad concluye solicitando celeridad en el tratamiento de su caso, el cual, según ella, pone en riesgo la estabilidad institucional y el respeto a los derechos constitucionales en el país.
