Quito, 10 jul (La Calle).– Organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) se encuentran alarmadas por el veto parcial al Proyecto de Ley Orgánica que busca la regulación del uso legítimo de la fuerza pública. El Legislativo deberá tomar una resolución.
El Gobierno informó esto mediante un comunicado vía twitter. Allí menciona que esta objeción del presidente Guillermo Lasso responde «a la necesidad de garantizar el uso de la fuerza de los cuerpos militares y policiales». Esto, «sin que eso signifique el menoscabo a sus derechos».
Actualmente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuentan con 31 normativas directas e indirectas que controlan, regulan y garantizan sus actividades y derechos. Es decir, hay acuerdos ministeriales, resoluciones, reglamentos y leyes que amparan su accionar.
La Policía Nacional posee 13 cuerpos legales que de igual manera garantizan sus derechos, accionar y sobre todo, el uso de la fuerza. El 10 de julio de 2014 fue aprobado mediante acuerdo ministerial 4472 El Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional.
Uno de los puntos críticos es la ‘objeción de conciencia militar’ para el abogado y experto en DD.HH., Fernando Bastidas. Lasso pretende suprimir el artículo 19 que justifica incursiones militares, como situaciones que afecten el orden público. Pero más importante aún, que garantiza los derechos humanos.
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Para el ejecutivo, esto se justifica porque «las operaciones militares podrían verse afectadas y poner en riesgo la vida del personal». Según Lasso, esto implica que ningún soldado podrá negarse a órdenes superiores de este contexto y que en un caso de no serlo, la tropa sería procesada por sedición.
¿Fuerza pública para regular desobediencia civil?
Muchos opinan que no es del todo válida la justificación de Lasso para dejar sin regulación a la fuerza pública. Aseguran que el Gobierno busca nuevas competencias para las fuerzas del orden en casos de desobediencia civil.
El presidente intenta utilizar a las FF. AA. como grupo de apoyo en situaciones de emergencia. El Gobierno ya no necesitaría Estado de Excepción con el cambio del artículo 31 del veto. O sea, la ‘complementariedad’ cambia por el ‘apoyo’ militar a la Policía Nacional «durante crisis y graves alteraciones del orden».
Tras nueve días de finalizado el paro nacional surgió este veto presidencial que muchas organizaciones de DD.HH. tachan de autoritario, violento y desproporcionado desde la fuerza estatal.
