Quito, 8 oct (La Calle).- El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera aseguró que la decisión de la Corte Constitucional (CC) responde a un acto político y responde al legado del «trujillato».
Mencionó que el dictamen solo garantiza la impunidad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que ocurrieron después de su designación. Además, comentó que sus actuaciones durante su estadía en el Cpccs «pusieron a temblar» a los «sujetos que se tomaron el Estado y las instituciones».
«Lo actuado es un grave abuso de poder. El poder ciudadano y la democracia han sido gravemente atacados y destruidos», reza la carta que publicó en su cuenta de X.
Enfatizó que los jueces deberán rendir cuentas de lo actuado ante el Sistema Interamericano de Derechos (SIDH). También, cuestionó que su destituido se basó en una «sentencia inventada que los auto protegía» y permitía que gane la «impunidad para algunos actos atroces».
«La herencia nefasta de las atrocidades del trujillato sigue actuando con sus secuaces vacunadores, puestos a dedo en la Corte Constitucional», expresó.
El pronunciamiento de la Corte
La noche del 6 de octubre, la CC destituyó a Vera luego de que aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la entidad.
A este conflicto se suma que el Cpccs aceptó crear otra veeduría para atender el supuesto plagio de la tesis de la fiscal, denunciado por el colectivo Acción Jurídica Popular.
La entidad de control lo acusó de haber incumplido con el dictamen de la CC y ordenó que se archivara las acciones en contra de Salazar y la veeduría del trujillato.
Ya lo había anticipado
El 19 de septiembre de 2023, Vera señaló que los miembros de la entidad pedirán medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si la posibilidad de destituirlos se aprueba.
“No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales”, afirmó.
