Quito, 13 feb (La Calle).- La bancada Unión por la Esperanza (UNES) investigará el “traslado del equipo policial” que trabajaba en la Fiscalía General del Estado (FGE). El bloque legislativo tomará acciones para que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, rindan cuentas por la rotación de uniformados que laboraban allí.
La Fiscalía calificó la decisión del Ministerio como una “intromisión en la justicia” debido a que limitarán el trabajo que de manera independiente ha venido realizando la institución en materia de derechos humanos. Los 37 policías trasladados estaban involucrados en casos como “Encuentro”, “Pandora Papers”, “Gabela”, “DHRUV”, “Bernal” y “Petroecuador”.
El “cambio de personal” ocurre tras los allanamientos al Palacio de Carondelet por el caso “Encuentro”, una presunta red de corrupción encabezada por el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera.
“El Gobierno del Encuentro no quiere que se le encuentre NADA, en las investigaciones sobre corrupción del círculo cercano a Lasso que lleva adelante la Fiscalía. La jugarreta de la remoción del equipo de expertos (…) deja en evidencia el miedo del Gobierno de Lasso”, reza el comunicado.
La versión de la Policía
La Policía Nacional mencionó que “solo se ha rotado el personal, como corresponde luego de cumplir su periodo”. Señaló que se mantendrá el mismo número de investigadores y agentes de seguridad que la Fiscalía necesita.
La autoridad precisó que los investigadores son confiables y tienen la misma capacidad investigativa que los agentes salientes. En lo que va del año se han realizado 2.982 traslados por diferentes causas, según la Policía.
De acuerdo a la Fiscalía, “el equipo que se pretende imponer no tiene experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a procesos investigativos que están en marcha y presentan avances importantes”.
La Fiscalía General del Estado alertó al país sobre los riesgos y acciones lesivas a su institucionalidad, y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la seguridad de su máxima autoridad (Diana Salazar) y la de su familia.
Así mismo, el Consejo de la Judicatura (CJ), respalda la postura institucional de que la FGE tenga las garantías estatales de realizar su trabajo.
