Un museo para la memoria.
En nuestros países presenciamos los más vergonzosos esfuerzos retóricos, desde el poder, por ocultar la exclusión que la pandemia va dejando al descubierto. Es lo que América Latina presencia en estos días, sumado al salvataje a las leyes del capital que desnuda la debilidad de las políticas sociales y la falta de gestión de los gobiernos neoliberales. Cuando un país es gobernado por esta vorágine capitalista, crece en la población la necesidad de recuperar la memoria colectiva, para alertar sobre los riesgos de repetición de los errores del pasado.
El oficio de la memoria radica en la posibilidad de reconstitución del tejido social a través del recuerdo de hechos significativos para la sociedad. La memoria provee herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la acción democrática, la gobernabilidad y la igualdad social. Sin embargo, desde la práctica de lo público, el ejercicio de la memoria puede contribuir también a la legitimación de intereses particulares promovidos por lo que Paul Ricoeur llama la memoria manipulada; la memoria impedida y la memoria dirigida abusivamente. Estas dimensiones están relacionadas al efecto opuesto a la memoria: el olvido, que también afecta al avance democrático y a la construcción de la diversidad, causa procesos de amnesia colectiva y atiende a un esquema de dominación y poder que, en el plano colectivo, expresa la fragilidad institucional, el retroceso en la garantía de derechos y el abuso autoritario.
El uso de la memoria en la lógica de lo público
Bajo esta perspectiva es importante comprender que muchos escenarios de re significación del pasado se relacionan estrechamente con procesos de democratización política, a través de la instauración del Estado constitucional de derechos; pero muchos otros pueden priorizar la prevalencia de memorias que se identifican con el valor y la gloria de hechos heroicos que comúnmente responden a ejercicios de violencia, dominación y humillación del otro.
Si tanto la memoria como el olvido están limitados por el interés colectivo, es necesario revisar el rol del Estado como ente dominador (desde la perspectiva de dominación legítima) y articulador de ese interés; para lo cual impulsa o define qué, cómo y dónde se debe recordar. Por ello, la legitimidad de las demandas sociales, de la ley y la norma jurídica, así como de la institucionalidad estatal, hace que se logre establecer mecanismos para la reivindicación de la memoria social como herramienta visible dentro de las agendas públicas.
El caso ecuatoriano
En el caso ecuatoriano, uno de los ejercicios más significativos de recuperación de la memoria es la conformación de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como mecanismo de justicia transicional, cuya investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos entre 1984-1988 y otros períodos produjo políticas y recomendaciones que dieron paso, entre otras acciones, a la reforma integral del Sistema Nacional de Justicia con la creación del Ministerio del Interior; el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, lo que limitó la acción policial y militar al control, resguardo ciudadano la administración de las instituciones encargadas de las personas privadas de libertad; el Ministerio Coordinador de la Política; la instauración de la Doctrina de Seguridad Ciudadana que eliminó el uso de la anterior Doctrina de Seguridad Nacional, la aprobación de la Ley de Reparación de Víctimas, etc.
En países como Chile y Argentina, donde se vivió profundamente el drama de desapariciones y torturas sistemáticas, se establecieron mayores impulsos al desarrollo de mecanismos de justicia transicional y la implementación de políticas de reparación. Ejemplos positivos de reparación simbólica son el Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile o el Espacio Memoria y Derechos Humanos de Argentina, en el mismo edificio que fuera testigo de los actos de tortura, la Escuela de Mecánica de la Armada conocida por sus siglas como ESMA.
En Ecuador no existe un museo de la memoria y los derechos humanos a pesar de ser una demanda pendiente en la Ley de Reparación de Víctimas aprobada en diciembre del 2013, que determinó que el Ministerio de Cultura y Patrimonio debía ocuparse de su implementación.
Memoria y voluntad política
A propósito del incumplimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ejecución del Museo de la Memoria -estipulado en la referida Ley- es importante hacer una reflexión sobre el contexto actual en el que se pretende cumplir tal obligación.
Aunque el recuerdo es un acto individual por sí mismo, el ejercicio de la memoria requiere de una articulación colectiva para establecer significados que trasciendan en el tiempo y construyan modelos identitarios. Es decir, la conceptualización, el diseño y la implementación de un repositorio de la memoria -como espacio simbólico, cognitivo y cultural- no puede ni debe ser un acto unilateral o exclusivo del Estado. Por el contrario, necesita la interacción de colectivos ciudadanos relacionados para su abordaje temático, en un ejercicio de consenso. Y es de eso, del consenso, de lo que justamente el Estado actual carece.
Un gobierno de carácter neoliberal
A partir del 2018, el gobierno ecuatoriano dejó en mayor evidencia su carácter neoliberal, favoreciendo esquemas de poder del capital por sobre los derechos de las personas. El estancamiento de la obra publica, la reducción casi total de la inversión en el ámbito de lo social, el incremento del costo de vida y la desregulación y desinstitucionalización estatal son ejemplos de una forma de gobierno volcada al beneficio de las élites corporativas. Todo esto sumado a la represión de la fuerza pública ante la lucha social y la criminalización de la protesta.
Los hechos de octubre de 2019, fueron determinantes para comprender que la noción de seguridad ciudadana ya no formaba parte de la agenda pública, y había sido sustituida nuevamente por la de seguridad nacional, tal y como se clarificó con la justificación del uso indiscriminado de la violencia policial y miliar, que derivó en la mutilación y muerte de miembros de la sociedad civil. Nada nuevo para Ecuador, basta revisar o traer a la memoria el informe de la Comisión de la Verdad.
Como se ha dicho al inicio de este artículo, la pandemia desnudó aun más la precaria situación social y económica de nuestro país, y puso en evidencia visiones políticas diferentes entre Estado y sociedad. Esas diferencias irreconciliables radican en la permanente vulneración de derechos por parte del gobierno y la debacle institucional que la sociedad ha debido presenciar. Entonces ¿es pertinente la construcción de un museo de la memoria en las condiciones actuales?
Contradicciones y perversiones
La memoria social actúa como un elemento incidental dentro de un proceso de cambio. A través de la lógica del aprendizaje -la memoria- recoge del pasado, lo más significativo para una sociedad, para aplicarlo o para no repetir errores anteriores.
Se han repetido uno a uno los errores del pasado y hemos entrado a un estado de anomia, que se traduce inclusive en una pérdida de identidad ¿Cómo hablar de la memoria desde el Estado, cuando la sociedad convulsiona en un período de agonía? ¿Cómo introducir la lógica de la reparación en un Estado que destruye los derechos ciudadanos? ¿Cómo reflexionar sobre la construcción de ideales colectivos cuando el egoísmo material, empresarial y elitista ha sido la premisa?
Justicia y transición
Hablar de transición y justicia implica dejar claro la convergencia entre un proceso de cambio y de re significación del pasado. Es pertinente que los compromisos asumidos por las entidades públicas para la reparación -ya sea material, administrativa o simbólica- tengan su justo momento, y no se actúe atropelladamente por cumplir un compromiso burocrático. El disfraz del cumplimiento burocrático no puede ser aceptado por la sociedad, porque tiene una carga de hipocresía que evidencia la falta de voluntad política del Estado, no solo con la memoria sino con la vida y los derechos humanos.
La independencia de poderes en la administración de justicia, la autonomía de pensamiento en las entidades de cultura, el respeto a la libertad de expresión y la erradicación de la corrupción, son pasos que se deben exigir del nuevo gobierno para poder construir, finalmente, el museo de la memoria que tanta falta le hace al Ecuador, un museo que se reafirme en el aprendizaje, en la reparación y en la reconstrucción de la nación.
Ciertamente sería una perversión inaugurar un museo de la memoria en las condiciones actuales, pues sería apagar un cigarrillo en un charco de sangre. En la sangre de las víctimas de la Comisión de la Verdad, en la de los muertos de la pandemia y en la de los mutilados de octubre.
