Quito, 31 oct (La Calle).- El Ministerio de Educación dispuso que se entregue un texto de consulta por cada tres estudiantes. Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que delegados de la cartera de Estado están retirando los textos de diferentes planteles de la Sierra y Amazonía.
Según la UNE, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.
El documento detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.
Una fuente anónima reveló, para Radio La Calle, que las autoridades alegaron que no tienen el presupuesto necesario para imprimir los libros para todos los estudiantes. Además, los textos estarán bajo la tutela de los maestros y no de los jóvenes como regularmente se lo hacía.
Por su parte, el presidente de la UNE, Andrés Quisphe, comentó que esos textos utilizaban los niños, niñas y adolescentes dentro del aula.
«Se está afectando al sector que más estudiantes tiene, esos textos se utilizan para analizar distintas temáticas o los temas que el curriculum lo propone», dijo para Radio La Calle.
Recalcó que delegados de los distritos educativos o de la cartera de Estado van retirando los libros desde hace dos semanas. Además, detalló que lo hacen a través de «disposiciones verbales o memorándums escuetos».
«Llegan los vehículos y se los llevan. Las autoridades de los planteles no pueden decir nada porque pueden recibir amonestaciones graves», apuntó.
También, manifestó que es complicado conocer la cantidad de libros que se llevaron porque muchas veces lo hacen de manera oculta. «Lo que sí es una certeza es que están afectando el derecho a una educación de calidad científica y el interés superior de cerca de dos millones de niños», refirió.
Acciones legales
Quishpe confirmó que interpondrán acciones en contra del decreto del Ministerio de Economía, sobre las directrices del gasto público, y el documento que difundió la ministra María Brown.
Añadió que son acciones para precautelar la educación de los estudiantes y para que no se vulnera la adquisición de libros de ese sector.
De la misma manera, mencionó que Brown presentará el 1 de noviembre el nuevo curriculum que «lo elaboró de la noche a la mañana». Sin embargo, repitió que esos procesos se realizan con debates y concursos previos.
«Suponemos que ahí justificará las consultorías que hizo de manera espontánea. Ella sabe que se necesitan hacer todos los procesos. Estaremos atentos a todo lo que haga antes de que se vaya», anotó.
Cosas turbias, muy turbias
El pasado 9 de agosto, la UNE acusó a María Brown de incurrir en el supuesto delito de peculado. Según la organización, la funcionaria favorecería a terceros a través de varios contratos.
La organización solicitó a la Fiscalía que investigue el caso e identifique posibles “conductas punibles” y a los actores de este entramado. La organización señaló que en las últimas semanas la cartera de Estado elaboró 10 procesos de contratación que sobrepasan los USD 3 millones.
Los procesos, que involucrarían cuadernos de trabajo, guías de docentes, y textos de consulta, tendrían relación con representantes directos, lo que incumpliría con la ley.
«No va a bajar los brazos frente a todos los libros que la ministra le está quitando, miles de docentes despedidos en la pandemia y no han podido reintegrarse«, finalizó.
