Quito, 19 mar (La Calle).- Por segunda ocasión, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció una fuerte represión militar y policial en Palo Quemado, Cotopaxi. Las agresiones se dan en contra de los comuneros y familias que se oponen a las actividades mineras de Atico Mining, una empresa canadiense.
“Esta es la respuesta del Gobierno de Daniel Noboa para imponer con violencia la megaminería en Ecuador”, expresó la Conaie.
Videos que circulan en redes sociales muestran a un ciudadano herido por el impacto de una bomba lacrimógena que habrían lanzado las fuerzas del orden. La herida se presentó en su pierna izquierda. Moradores del sector alertaron la llegada de 500 efectivos para resguardar la consulta ambiental que pretenden imponer las autoridades por el proyecto La Plata.
“Estamos resistiendo porque tenemos derecho a nuestro territorio”, dijo una de los afectados.
Una lucha que no para
Martha Masapanta, habitante de Las Pampas, resaltó su derecho a la resistencia, por lo que luchan por un territorio libre de minería. Alegó que esas actividades solo destruirían las prácticas agrícolas que se realizan en el sector. Hizo un llamado al presidente Daniel Noboa para que no envíe más uniformados al sector.
“No dé más alas (…) Ellos nos agreden y después la gente reacciona, ellos tienen corazón y les duele que quieran destruir nuestras naturaleza”, comentó.
“Criminalizaron la protesta social”
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, comentó que las medidas contra la minería ilegal se radicalizarán. Reprochó que las autoridades pretendan confundir la “lucha legítima y apegada a los derechos” con terrorismo o narcotráfico.
“Hay que defender nuestros territorios (…) Existe una lucha real contra la minería ilegal y el narcotráfico”, dijo.
Iza mencionó que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia de Noboa, tendría capitales mineros en el país. Anticipó que el manejo político del gobierno pretendería garantizar a este grupo económico. Debido a las constantes amenazas, el colectivo presentó una demanda de inconstitucionalidad al manual del Ministerio de Ambiente para regular la consulta previa e informada.
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