Delfín Quishpe

Quito, 15 sep (La Calle).- El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, Fernando Cabrera, dictó medidas alternativas contra el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe por el presunto delito de tráfico de influencias. El alcalde y también cantautor tiene prohibición de salida del país y de enajenar bienes, además de estar obligado a presentarse periódicamente ante la autoridad competente cada 15 días.

La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados. La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó los elementos de convicción desde junio de 2020.

Trabajo fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del burgomaestre. Así, presentó varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal. Se tratan de certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96.608 (incluido IVA).

Los motivos

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

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