Al momento en que escribo este artículo, 25 de agosto de 2020, hay cerca de veinte binomios presidenciales que buscan estar en la papeleta electoral. Tienen los más diversos pelambres, desde pastores evangélicos pro vida hasta denunciólogos profesionales. Desde dirigentes deportivos hasta el hermano del expresidente Rafael Correa. El borrador de la papeleta presidencial parece una colección de estampillas por la cantidad de rostros, números y símbolos que en ella constan.
Antes de continuar en el análisis debo dejar en claro que el derecho a postularse es un derecho político inalienable garantizado en todos los instrumentos internacionales y en la Constitución de la República. Es parte de los derechos de Participación. Dejo esto sentado porque mi cuestionamiento al número de candidatos presidenciales no pasa por el hecho de tal o cual persona haya tomado la decisión de postularse. Mi escozor ante la proliferación de candidaturas es ante el hecho de que aquí no estamos hablando del ejercicio de un derecho, si no del tráfico de una postulación, de la trata de la política en el sentido más literal del término.
El sistema electoral en el Ecuador se convirtió en una farsa
Faltó rigor en el Consejo Nacional Electoral para verificar la autenticidad de las firmas de los movimientos políticos de carácter nacional que, en su momento, solicitaron su inscripción en el registro electoral. Y, en otros casos, si bien las firmas pudieron ser auténticas, no son movimientos orgánicos o ideológicos. Son meras credenciales electorales al servicio de sus dueños, aquellos que pusieron el dinero para constituirlo.
Cumpliendo con el calendario electoral, cerca de 20 movimientos políticos legalmente inscritos, han celebrado unas elecciones primarias virtuales y han designado sus candidatos presidenciales. Absolutos desconocidos en la actividad pública unos; y otros, demasiado conocidos por ser siempre candidatos a todo.
En un país con una economía en agonía, es imperioso asumir la candidatura a la presidencia de la República con responsabilidad. Al menos ese último espacio de responsabilidad debió quedarle a la política ecuatoriana; pero eso no ocurrió. En el Ecuador hay tratantes de la política, verdaderos traficantes de candidaturas. Lanzan su postulación y lo primero que hacen es ofrecer declinar su candidatura en función de acuerdos con otras fuerzas políticas. Otros tratantes de la política, dueños como son de la credencial electoral, han abierto las puertas de sus movimientos de papel a quien desee usarlos; siempre y cuando se haga cargo de los “gastos” de campaña.
Las preguntas son
¿Para qué te lanzas de candidato presidencial si no tienes intención de voto?
¿Para qué te lanzas de candidato si luego, casi a día seguido ofrecer declinar en función de eventuales alianzas?
Lo hacen para seguir sentados en la mesa de las apuestas políticas. Ahí están, ahí se quedan en espera de que algún gobierno débil o algún movimiento político deslegitimado los llame a su servicio. El caso de la siniestra Ruptura es el más vivo ejemplo.
Quedemos claros entonces, “algo huele mal en Dinamarca”. Acá no estamos hablando del legítimo ejercicio de los derechos Políticos, sino de la prostitución del sistema electoral ecuatoriano.
La forma de castigar a los traficantes de candidaturas es ignorarlos. No votar por ellos ni por despecho.
