Por: Econ. Marco Flores. T
Varios importantes supuestos de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2023, ya en ejecución, siempre fueron frágiles e inestables, no los ocultan declaraciones claramente antitécnicas que destruyen la verdad.
Comienzan a aparecer con fuerza creciente las debilidades del presupuesto ecuatoriano. Por mínima inversión pública que no está siendo compensada por la privada y en lo social tampoco es sustituible, por insuficiente crecimiento económico (PIB) que requiere no solo ser sostenido sino también compartido, por la imposibilidad actual de colocar en mercados internacionales los Bonos Globales previstos y presupuestados, por evidentes dificultades internas y externas para realizar la llamada «monetización de activos» del Estado, por fuerte caída de la producción petrolera prevista que es base sustantiva del PGE, por todos los proporcionales impactos resultantes sobre la recaudación tributaria. En suma, por mala economía profundizada por algunos factores exógenos fuera de control.
En estas circunstancias es altamente probable que las necesidades de financiamiento del PGE del año 2023 puedan sumar alrededor de 10.000 millones de dólares, nada menos que el 31,7% del total presupuestado, un 8,2% del PIB estimado por el Banco Central para el año 2023. Un monto que para ser cubierto exige no solo gran esfuerzo sino que trae implícitas previsibles consecuencias de hacerlo con deuda pública interna y externa, más el riesgo permanente de mayores o nuevos impuestos.
Mala economía significa costos adicionales para los ecuatorianos que conocen que el Gobierno desde su óptica del Estado mínimo y la privilegiada tranquilidad de acreedores internacionales y nacionales de deuda pública externa con privados, seguirá postergando invertir en la gente, en crecimiento económico suficiente, sostenido y compartido que es el único que en forma estable y no intermitente, permite la creación de empleo y reducción de pobreza. Significa continuar postergando la necesaria inversión en la infraestructura básica del país y en imprescindibles servicios públicos que el Gobierno está obligado a que no solo sean oportunos sino también de calidad permanentes.
Mala economía agravada por frustración popular e inestabilidad interna significa destrucción de expectativas positivas en la gente y además directamente perjudica la inversión privada. Significa atraso, injusticia y exclusión social. Significa que ni la economía, ni las políticas públicas, ni el Gobierno, ofrecen resultados concretos y favorables para la gente, especialmente para los pobres e indefensos que son muchísimos. Pero todo en la vida tiene un límite.
