Quito, 26 dic (La Calle).- Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), negó las acusaciones de la jueza Nubia Vera, quien afirmó haber recibido presiones para fallar en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, en el marco de la solicitud de acción de protección para dejar sin efecto el sumario administrativo que ordenaba su suspensión por 150 días.
La controversia surgió después de que Vera denunciara presuntas amenazas de Godoy, el asesor de la presidencia del CJ, Jorge Carrillo; y el director provincial de Pichincha del CJ, Henry Gaibor, quienes habrían intentado influir en su decisión respecto a una acción de protección pedida por Abad.
Según Vera, el 17 de diciembre recibió un pendrive camuflado, en una funda de regalo, con un supuesto borrador del fallo. Asimismo relató que los funcionarios la amenazaron con sanciones administrativas y personales si no se alineaba con la directriz sugerida.
En un oficio enviado a la Comisión de Justicia de la Asamblea, Godoy justificó su inasistencia argumentando que interpuso algunas demandas relacionadas con estas acusaciones y que las investigaciones, actualmente bajo reserva, limitan su capacidad de comparecencia.
“He interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado y presentado una querella penal debido a las falsedades en mi contra. Confío en que el debido proceso esclarecerá la verdad”, señaló.
Las denuncias de Nubia Vera
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, la jueza Nubia Vera relató con detalle los eventos que describió como «los días más terribles» de su carrera. Según su testimonio, las presiones comenzaron el 16 de diciembre, cuando recibió llamadas telefónicas desde el Complejo Judicial Norte informándole que Godoy la esperaba en su oficina junto con los otros funcionarios.
El 17 de diciembre, Godoy, acompañado por el director provincial Henry Gaibor y el abogado Jorge Carrillo, se presentó en el despacho de Vera con un pendrive que, según afirmó, contenía los “insumos” para que redactara su fallo en la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad. “Llegaron con una actitud intimidante. Me entregaron un pendrive envuelto en una funda de regalo y me dijeron que ahí estaba todo lo necesario para emitir la sentencia”, describió Vera.
La jueza añadió que, al negarse inicialmente a aceptar el dispositivo, los funcionarios insistieron y le advirtieron que, si no seguía las directrices indicadas, enfrentaría sumarios administrativos que podrían poner en riesgo su carrera profesional. Además, mencionaron que “protegerían” su integridad si cumplía con lo solicitado. “Me dijeron claramente que debía negar el recurso, y si no lo hacía, mi vida y mi carrera estarían en peligro. Fue una amenaza directa”, señaló.
Vera explicó que, al revisar el contenido del dispositivo, encontró un borrador de cuatro páginas que delineaba un fallo desfavorable para la vicepresidenta Abad. Al cuestionar el origen del documento, los emisarios le aseguraron que había sido elaborado por expertos constitucionalistas y en derecho administrativo. “Me dijeron que ya todo estaba decidido, que debía negar el recurso, y que cualquier error sería imputado únicamente a mí”, denunció.
Según la jueza, los funcionarios justificaron la premura del fallo argumentando que el presidente Daniel Noboa estaba presionando para que la decisión se resolviera rápidamente. “Mostraron mensajes que decían que esto debía salir ya, porque el presidente lo requería. Me sentí completamente acorralada”, aseguró.
El miedo y las amenazas
Vera detalló que el ambiente de intimidación la afectó profundamente tanto en el ámbito profesional como personal. “No podía dormir más de dos horas. Temía por mi vida y la de mis hijos. La seguridad, que antes sentía al llegar a mi lugar de trabajo, desapareció completamente”, relató.
El 18 de diciembre, a pesar de las amenazas, convocó a audiencia para abordar el caso y posteriormente programó la reinstalación para el 23 de diciembre. Según Vera, estas decisiones fueron tomadas con base en su análisis independiente del proceso, pero bajo un constante temor por las represalias que podría enfrentar.
“Fueron amenazas constantes. Me dijeron que destruirían mi carrera, que activarán los sumarios administrativos y que mi vida corría peligro si no cumplía. Yo intenté mantener mi posición como juzgadora, respetando los derechos constitucionales, pero el nivel de presión fue inhumano”, manifestó.
Juicio político a Godoy
El testimonio de Nubia Vera encendió un intenso debate sobre la independencia judicial y las presuntas injerencias políticas en el sistema de justicia de Ecuador. Desde la Asamblea, la bancada de Construye interpondrá un juicio político en contra de Godoy.
Por su parte, Mario Godoy insiste en que las acusaciones son infundadas y reitera su disposición a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, las declaraciones de Vera dejan abiertas preguntas sobre los límites entre las funciones administrativas y el respeto a la autonomía judicial en el país.
