Quito, 28 nov (La Calle).- Terpel y Duragas son las empresas privadas beneficiadas por contratos con el Gobierno de Guillermo Lasso. La administración del exbanquero pondrá la infraestructura estatal al servicio de estas multinacionales.
El pasado 26 de noviembre, Petroecuador y la empresa Terpel-Comercial Ecuador CIA. LTDA suscribieron un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo, por un plazo de 15 años.
El gerente general de Petroecuador, Pablo Luna, dijo que la suscripción de este contrato con la empresa privada “permitirá la optimización de los recursos existentes, a través de la utilización de la infraestructura de la petrolera estatal”.
Aseguró que generará ingresos para la empresa pública y el país y que, de esta forma, el Gobierno Nacional cumpliría con el objetivo establecido en el Decreto 1158, para la comercialización de combustibles y la participación del sector privado.
El Gobierno reitera que el sector privado tendrá un “importante protagonismo” en la economía nacional.
Un comunicado de EP Petroecuador señala que para la ejecución de este contrato se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas. Además, de los poliductos y los sistemas de almacenamiento de los terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a EP Petroecuador.
También manifiesta que el cobro de la tarifa por este servicio será la establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovable.
“Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura, lo que permite a EP Petroecuador cobrar por el uso diferenciado. Es decir, existe la opción de la tarifa única USD 0,027665 por galón, que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, dice el comunicado.
Contrato con Duragas
De igual forma, el pasado 23 de noviembre, la Empresa Pública Petroecuador y Duragas S.A. suscribieron un contrato para el servicio de recepción, mezcla, transporte, almacenamiento y despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La infraestructura la empresa pública Petroecuador será entregada a la empresa privada para que reciba sus importaciones en el país. El contrato se firmó por un plazo de 15 años, tras el pago de una tarifa por el uso de estas instalaciones.
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, informó que la suscripción de este contrato se enmarca en lo que establece el Decreto Ejecutivo 1158.
“Está previsto que Duragas S.A. importe de 50 a 60 mil toneladas métricas anuales y proveer de este combustible al sector industrial de GLP, lo que nos permitirá liberar la caja fiscal, fomentar la libre competencia y obtener recursos adicionales por el uso eficiente de las instalaciones de las empresas públicas”, aseguró.
Respecto a las tarifas, Luna sostuvo que el valor por el retiro del producto en los terminales Monteverde será de USD 34,09 por tonelada métrica y en Chorrillo de USD 60,99 por tonelada métrica, según lo fijado por la ARC.
Para la ejecución de este contrato, se utilizará la infraestructura de EP Petroecuador de los terminales Monteverde y Chorrillo, ubicados en las provincias de Santa Elena y Guayas respectivamente y el gasoducto Monteverde-Chorillo que los conecta.
Informan también que, en caso de ser necesario, se ha previsto que la empresa pública realice el transporte del producto por los gasoductos propios hacia los terminales de almacenamiento, con el fin de garantizar la disponibilidad de los derivados en el país.
El Gobierno justifica la suscripción de este contrato asegurando que se realiza en el marco de lo que establece el Decreto Ejecutivo 95, que expide la política petrolera nacional y “busca la transformación de la estructura de negocio de EP Petroecuador para maximizar ventajas estatales y eficiencia en los recursos”.
Infraestrutura estatal
La planta de gas Monteverde es una obra construida durante el gobierno de Rafael Correa con una inversión estimada de USD 329 millones, mientras que la planta de Chorrillo costó cerca de 600 millones de dólares. Estas obras representaron para el país un ahorro de, al menos, 40 millones de dólares anuales.
Hoy, el Gobierno de Guillermo Lasso las entrega a manos privadas, pese a que fueron catalogadas, por ellos mismos, varios medios de comunicación privados y otros sectores de oposición, como “elefantes blancos”.
