Quito, 16 de junio (La Calle).- Daniel Noboa envió un nuevo proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, denominado “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local” que tiene como objetivo recuperar territorios designados como áreas protegidas que, según el Ejecutivo, han sido ocupados por economías ilegales, minería informal, grupos armados y actividades criminales.
El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:
TUIT PRESIDENCIA:
¿A quién favorece, realmente, esta ley?
Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.
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¿Por qué es tan urgente?
Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.
Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.