Quito, 21 may (La Calle).- En Ecuador, la televisión pagada parece tener fecha de caducidad. Entre 2017 y 2024, casi un millón de suscriptores abandonaron el servicio. La cifra equivale a una pérdida diaria de 377 clientes, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). El cambio no es solo técnico: también refleja transformaciones sociales, económicas y culturales.
En siete años, el número de cuentas activas cayó de 1,3 millones a 340.980. La tasa de penetración pasó del 29,55 % al 6,29 %, mientras que la población usuaria se redujo de 4,9 millones a 1,1 millones. Hoy, el servicio sobrevive mayoritariamente en tres provincias: Pichincha, Guayas y Manabí, que concentran el 66 % del total nacional.
¿Por qué se van los usuarios?
Los gremios del sector apuntan a la piratería como la principal causa. Sin embargo, los usuarios tienen otras respuestas: precios inestables, servicio limitado, fallas de atención y poca adaptabilidad tecnológica. Comentarios como “suben el precio sin avisar”, “retiran canales sin explicación” o “todo pasa por el bolsillo” abundan en redes sociales.
Para quienes tienen que elegir entre pagar por entretenimiento o por conectividad, la opción es clara: prefieren internet en casa y comunicarse por redes.
¿Qué provincias aún conservan el servicio?
Según Arcotel, las provincias con más suscriptores son:
- Pichincha: 98.400
- Guayas: 87.344
- Los Ríos: 27.552
- Azuay: 16.909
En contraste, en Zamora Chinchipe, Galápagos y Pastaza no llegan ni a los 2.000 usuarios por provincia.
¿Quién se beneficia de esta caída?
El auge de plataformas de streaming —Netflix, Amazon, YouTube y más— ha cambiado las reglas del juego. Pero no todos tienen acceso. La televisión pagada era, para muchas familias, una forma accesible de entretenimiento y acceso a información. Su caída implica no solo una transformación comercial, sino también una redefinición del derecho al ocio y a la cultura en los hogares más alejados o con menos conectividad.
Mientras tanto, las empresas intentan reinventarse: ofrecen combos con internet, desarrollan apps y piden eliminar el 15 % del impuesto a los consumos especiales (ICE), alegando que las telecomunicaciones ya no son un lujo.
La pregunta de fondo es otra: ¿Cómo garantizar acceso a contenidos de calidad y a precios justos, sin dejar atrás a quienes no pueden seguir el ritmo de la digitalización forzada?