Quito, 12 ago (La Calle).- La vicepresidenta Verónica Abad denunció al presidente Daniel Noboa y a otros tres funcionarios de gobierno por violencia política de género. Días más tarde y de manera repentina cambió el tablero de autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El pasado 8 de agosto la segunda mandataria ingresó la denuncia contra el presidente Noboa; la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial Diana Jácome.
Durante su comparecencia en una comisión de la Asamblea que investiga presuntas irregularidades en los aportes de campaña de Noboa, la vicepresidenta Abad anticipó esta denuncia contra el mandatario y expuso las actitudes de »misoginia machista en su contra».
Asimismo negó haber utilizado los fondos de campaña a su beneficio personal y resaltó que no puede responder por las decisiones del actual gobierno porque no participa en ellas.
La violencia política de género es considerada como una infracción muy grave y puede desembocar en la destitución de los funcionarios y la suspensión de sus derechos de participación de 2 a 4 años. También implica una multa de 21 a 70 salarios básicos.
Pugna en el TCE
La mañana de este 12 de agosto los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega resolvieron destituir de la presidencia del TCE a Fernando Muñoz por presunto incumplimiento de funciones. Coloma, quien es vicepresidenta del organismo asumió este cargo.
La sesión ocurrió en medio de altercados, pues en medio de la resolución ingresó Muñoz a la sala y calificó de ilegal la convocatoria. Cuando se retiró del lugar se escucharon gritos de protesta y un intento de tumbar la puerta del tribunal. Coloma pidió refuerzos de la Policía.
Minutos antes de lo ocurrido, el extitular del TCE anticipó de esta autoconvocatoria a los medios de comunicación y señaló que tras estos hechos hay intereses políticos previo a las elecciones del 2025.
“El jueves (día en el que ingresó la denuncia de Abad) recibí una comunicación por parte de tres jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en donde se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción respectiva, sin ninguna base legal”, dijo.
Esta es la segunda denuncia contra el primer mandatario en el TCE, la primera fue en relación a una presunta infracción electoral por campaña anticipada. El caso fue reactivado en tres ocasiones y finalmente el juez Ángel Torres aceptó la apelación para el archivo de la causa. Más adelante el TCE ratificó esta decisión, sin embargo, el único en desacuerdo fue el juez Muñoz. (AGM).
