Quito, 05 sept (La Calle). – Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar explicó que el Gobierno no solo no se preocupa en destinar la cantidad necesaria en el rubro educativo sino que tampoco realiza políticas públicas que atiendan las necesidades de los estudiantes.
«Del presupuesto de USD 495 millones en educación para infraestructura, mantenimiento, útiles escolares. Solo se han destinado USD 160 millones. Es una cantidad irrisoria. Es una forma de salir del paso para el gobierno. Los padres gastaron en uniformes y en arreglos de las escuelas. No hay forma de garantizar el refuerzo de habilidades en los chicos que estudiaron 2 años en pandemia”, dijo a Radio La Calle.
Martínez agregó que además se redujeron las horas de carga escolar. «No está en el radar del Gobierno fortalecer el derecho a la educación y la educación como servicio».
Más de 50.000 alumnos no irán a clases
Sobre po qué los chicos no volvieron a las aulas en este año lectivo, la activista subrayó que «esa respuesta debe darnos el Gobierno. Dicen que 57.000 no volvieron a clases. El Ministerio no tiene un plan para incentivar el regreso a clases. A eso hay que sumarle factores como la pobreza multidimensional extrema que llega a un 10%. 150.000 niños se encuentran en el trabajo infantil niños y 3.000 niños en mendicidad».
Vulneración de derechos en las escuelas
La política de protección y derechos en la educación no existe. «En la pandemia se llevaron la peor parte, hablamos de niños que después de dos años se vuelven a reunir con los compañeros. También existen vulneraciones al derecho de la libre personalidad y la libertad estética que llevan hasta obtener orden judicial para que un adolescente se corte el cabello», explicó.
El sistema de disciplina en las escuelas no debe tratarse con castigos o vulneración de los niñ@s y adolescentes. “La disciplina no debe tratarse por el miedo. Hay que preguntarse si los adultos – desde el presidente hasta los padres – somos un ejemplo de comportamiento».
Martínez también indicó que la violentación de derechos puede denunciarse y la protección debe garantizarse. “El ámbito educativo no puede ser un espacio de deformación de los jóvenes a través de estas prohibiciones. Debemos crear ambientes seguros, sanos. Si esto sucede hay mecanismos, las juntas de derechos permiten llevar adelante los casos para cambiar las normas en los colegios».
