Quito, 28 nov (La Calle). – El reportaje de 32 páginas publicado por la revista The Economist, donde se califica a Ecuador como narcoestado, ha generado un intenso debate durante la última semana sobre la precisión y omisiones del contenido del artículo que contó con el respaldado del Centro Pulitzer.
La idea de que las drogas han transformado al país de ser un referente latinoamericano a ser una zona de guerra, no le ha caído bien al gobierno del presidente Daniel Noboa ni a algunos actores políticos y mediáticos que han criticado la perspectiva política del periodista británico Alexander Clapp.
¿Qué le molestó al presidente Noboa?
El pasado 22 de noviembre, la revista británica publicó un reportaje de 32 páginas titulado “Un viaje por el narcoestado más nuevo del mundo” que le otorga el calificativo de narcoestado al Ecuador y describe al país como una de las zonas más peligrosas del mundo. Esto ha generado un intenso debate sobre si somos o no un narcoestado, pero además ha provocado la reacción del Gobierno Nacional que ha salido a defenderse de esta categorización con argumentos políticos de desmarque y, como ya es normal, señalando la responsabilidad a los gobiernos anteriores.
Tanto actores políticos, mediáticos y el mismo Gobierno Nacional han dicho que el artículo tiene varias imprecisiones, como la comparación de las mafias del sur de Italia con las pandillas ecuatorianas; que el crimen organizado es un fenómeno global y transnacional, y que, por lo tanto, no es un tema solo del Ecuador; la omisión del Decreto Ejecutivo 111 que declaraba un contexto de conflicto armado interno en enero de 2024; y, la supuesta narrativa de la estabilidad que el país habría tenido en décadas pasadas.
Sobre esto último, incluso, algunos analistas han dicho abiertamente que el medio inglés, reconocido por marcar tenencia liberalista, busca apoyar al expresidente Rafael Correa y que pretendería afectar el proceso electoral de 2025. Sin embargo, el artículo relata algunas situaciones nada alejadas de la realidad y que los ecuatorianos sabemos de sobra, luego de que el periodista habría recorrido varias ciudades de la Costa ecuatoriana. En su artículo describe, por ejemplo, las dinámicas del crimen organizado en Guayaquil. Expone que en Nueva Prosperina las pandillas reclutan menores desde los 12 años para almacenamiento de droga, a cambio de dinero, armas y vivienda.
Una de las citas de este artículo destaca: «La ciudad industrial de Durán –donde gran parte del aparato de gobierno ha sido secuestrado por mafiosos– tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato: en promedio, alguien es asesinado allí cada 19 horas».
Pero también describe al país como una nación empobrecida y peligrosa en pleno siglo XXI, y cuestiona la capacidad del Estado para enfrentar la crisis de violencia y crimen organizado, planteando interrogantes como: “¿Cómo pasó Ecuador de ser un modelo regional a ser uno de los países más mortíferos en menos de una década?”. Puntualizaciones que, sin duda, han molestado al presidente-candidato y su gabinete de voceros.
¿A cuál gobierno le cae la calificación de narcoestado?
A pesar de que, en sus conclusiones, el periodista destaca que la creciente violencia y expansión del narcotráfico no son atribuibles exclusivamente a las políticas de ningún gobierno en particular, el Ejecutivo ha reaccionado alegando que el contexto de narcoestado ha venido siendo construido desde el 2008, tras la salida de Manta de las bases militares estadunidenses. Sin embargo, para el docente titular y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UIDE, Dr. Santiago Carranco. Ph.D., era innecesaria esta aclaración y, si bien el Decreto Ejecutivo 111 fue acertado, mantener al país en un permanente estado de excepción sí es cuestionable.
Por otro lado, asegurar que el supuesto narcoestado empezó en el 2008 también es un error del Ejecutivo. Así lo considera el excomandante del Ejército ecuatoriano, Gral. Luis Altamirano, pues ni el concepto de narcoestado está bien sustentado ni el paso de droga por Ecuador es de hace 16 años, sino que data de años atrás que evidenció cuando prestaba sus servicios en 1984. Según el general Altamirano, no existe tal narcoestado, pero sí un secuestro del Estado y esto es lo preocupante.
En este contexto, que el actual gobierno se preocupe por la imagen del país es irrelevante. Lo que en realidad debería preocuparle y alertarle es la exposición de la des-institucionalización del Estado que ha provocado una ausencia gubernamental y escaza garantía de derechos constitucionales.
