Quito, 19 may (La Calle). – Durante una rueda de prensa los familiares de los detenidos del Movimiento Guevarista denunciaron una persecución del Gobierno hacia los jóvenes, hombres y mujeres que buscan un mejor futuro para el país. Natalia Sierra, tía de Ernesto Flores, sostuvo que alrededor de 15 policías con fusil rompieron la puerta de la casa de su sobrino y se lo llevaron.
Sierra responsabilizó al Gobierno por la seguridad de sus familiares detenidos y de las repercusiones que pueden darse en su familia, como en su madre de 80 años. Reiteró que los allanamientos se realizaron sin el debido proceso y utilizando un uso desmesurado de la fuerza.
Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que están pidiendo prisión preventiva para sus familiares detenidos. En este sentido, cuestionó que pretendan llevar a sus familias a las mismas cárceles que el Estado es incapaz de sostener. “Donde hay matanzas van a llevar a nuestra familia. Siguen llenando de detenidos a esas prisiones, con todos esos problemas de seguridad y con toda esa desprotección de derechos que tienen las personas privadas de la libertad”, inquirió
Insistió en que no existe ninguna garantía para sus familiares y por eso la máxima exigencia de los abogados de los detenidos será evitar la prisión preventiva. Enfatizó en que existen otras opciones, pero que se resistirán a la prisión preventiva.
Gallardo insistió en que hay que contextualizar lo que ocurre en estos momentos en el país, como la visita de autoridades estadounidenses. “Somos el chivo expiatorio de un Gobierno incapaz de proteger a las personas y de tener acciones que sirvan puntualmente para reducir los problemas de seguridad y en las cárceles”, asevero.
De igual manera, dijo que los medios de comunicación masiva están difundiendo información que no está comprobada, porque ni siquiera existe aún la acusación de la Fiscalía, porque no se ha constatado nada. Insiste en que esto es parte de una agenda política y mediática y que están utilizando a sus familias como chivo expiatorio, para desviar la atención sobre los problemas de seguridad que no ha podido manejar el Gobierno.
Gallardo contó que el allanamiento ocurrió en horas de la mañana en presencia de adultos mayores y menores de edad. En este sentido, cuestionaron cuáles son las garantías para sus familias y de seguridad de los detenidos. “Ser un defensor de derechos humanos, ser pareja de un defensor de los derechos humanos o ser hijo de personas que son activistas políticos no es un delito”, aseguró.
La defensa
Ana Vera, abogada de Surkuna, aseguró que los Guevaristas son reconocidos como una organización social, cuyo trabajo es reconocido desde hace unos 15 años. Denunciaron los operativos violentos, sin explicaciones, en los que fueron sometidos a violencia, sin decirles lo que sucedía y sin permitirles hablar con sus familias. Asimismo, dijo que los abogados tuvieron problemas para contactarse con los detenidos.
Vera calificó estas detenciones como una persecución política contra defensores de Derechos Humanos y luchadores sociales. “En este sentido queremos denunciar esta práctica estatal y queremos llamar a toda la gente a sumarse. Hoy es el Movimiento Guevarista, mañana puede ser cualquiera de nuestros movimientos y organizaciones sociales, porque la persecución política estatal se configura justamente en identificar personas y grupos, para convertirlos en enemigos del Estado”, dijo.
La abogada del INREDH informó que posiblemente la audiencia se realizaría a las 19:00 horas. Asimismo, sostuvo que mantuvo contacto con varios de los activistas detenidos y que junto con otras organizaciones sociales serán parte de la defensa y acompañamiento en todo el proceso. Lamentó que la justicia haya regresado a la década de los 80 y siga rondando el fantasma de las patrullas volantes. «Hoy ocho personas cargan con el derecho penal, por quienes tienen interese políticos en una agenda de securitización y legitimación de la violencia».