Quito, 14 feb (La Calle).- “Yo soy la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, entiendo que hay una confusión del consejero Hernán Ulloa en su afán de apoderarse del Consejo”, dijo Sofía Almeida en entrevista con Radio La Calle al referirse a la disputa por la presidencia de CPCCS.
Además, rechazó las muestras de apoyo del presidente Lasso al consejero Hernán Ulloa. Para Almeida, sus declaraciones son contradictorias e hipócritas. “Por un lado, dice que respeta la independencia del Consejo y, por otro, apoya a Ulloa. Los ciudadanos no somos tontos”, aseveró.
“Es evidente que hay consejeros que tienen el apoyo de las instituciones del gobierno. Hay una evidente intromisión de otros poderes del Estado en el caso”, dijo. Agregó que en redes sociales los ciudadanos demostraron con fotografías el proselitismo político de los actuales consejeros con el partido de Guillermo Lasso.
Almeida no quiere aferrarse al cargo
“No voy a sucumbir ante ninguna presión”, aclaró Almeida. Ella dijo que ya ha tomado acciones legales en contra del consejero Ulloa con el fin de defender lo correcto. Anunció que tomará medidas incluso en instancias internacionales. Recalcó que no quiere aferrarse al cargo sino se aferra a hacer lo correcto.
“La jueza me dio la razón en el sentido de que no hay forma en que puedan removerme por ley”, dijo.
Argumentó que hay organizaciones sociales que apoyan su presidencia y la vicepresidencia de David Rosero. “Esa ciudadanía presenta acciones porque va a defender su derecho como poder ciudadano”, dijo.
Los hechos
Almeida explicó cómo irrumpieron las instalaciones de la Presidencia del CPCCS. “Ellos ingresaron dañando la chapa, la oficina y la Presidencia. Quieren apoderarse de toda la institución y saltándose todo proceso jurídico legal. Vinieron con la presencia de más de 50 uniformados”, relató.
Calificó a este acto violento como un “golpe de estado institucional” al ignorar los procedimientos legales y éticos pues “ingresaron como delincuentes”.
“En lugar de resguardar a los ciudadanos en las calles, los teníamos resguardando una sesión de pleno que debía ser virtual. Lo que más sorprende es que el Ministerio de Trabajo lo avalía y la policía a lo acompaña” aseveró.
Conflicto de intereses
Según Almeida, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán Francisco Bravo y Hernán Ulloa tienen denuncias en la Fiscalía General del Estado por el delito de concusión y alteración en los procesos de designación de las autoridades y por eso el interés de la Presidencia del Consejo.
Al finalizar la entrevista, la presidenta expuso la importancia de mantener la institucionalidad de este organismo. “La ciudadanía pierde completamente porque nosotros designamos y hacemos los concursos para las autoridades de control de cualquier órgano estatal”.
