Quito, 10 abr (La Calle).- La Contraloría General del Estado (CGE) informó que siete concejales de Quito, entre 2017 y 2022, cometieron el delito de nepotismo. De acuerdo a la autoridad, los familiares de los servidores habrían recibido sueldos entre USD 800 y USD 3 mil.
El documento publicado por la CGE detalla que primos, hijos y hasta cuñados ingresaron a trabajar al Municipio de Quito cuando los concejales Orlando Ordóñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno estaban en funciones.
Según la Contraloría, los implicados habrían metido a más de un familiar para que trabajen en calidad de «servidor municipal».
Es el caso de Fernando Morales, que mantuvo a dos de sus primos trabajando en la institución municipal entre noviembre de 2019 y enero de 2022, detalla Primicias.
Además el informe detalla que el hijo de la exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Benítez, Juan Dávalos, trabajó en el despacho del concejal Luis Reina con un salario de USD 3 mil entre 2017 y 2018.
¿Cómo entraron?
La entidad de control mencionó que los implicados para poder ingresar al Municipio aseguraron que no incurrieron en el delito de nepotismo ni en las inhabilidades que dicta la Constitución del Ecuador.
Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Servicio Público (LOSEP), menciona que toda autoridad nominadora no puede posesionar, nombrar, designar o contratar en la misma entidad o institución (…) a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La defensa de algunos de los implicadas
Sandoval y Moreno enfatizaron que no cometieron este delito porque no tenían ninguna relación administrativa y no son competencias de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.
La primera implicada señaló que desconocía la publicación del informe y repitió que en su «calidad de concejal nunca fue una entidad nominadora».
Mientras tanto, Morales comentó que no tuvo ninguna participación en la contratación de sus familiares, pues esa responsabilidad no era de su competencia.
«Contraloría nunca me solicitó ningún documento al respecto y tampoco tengo alguna sanción por eso», dijo. (N.J.C)
