Quito, 21 feb (La Calle).- Varias ciudades del país fueron escenario de plantones pacíficos, donde pacientes renales reclamaron el pago de deudas pendientes a clínicas dializadoras por parte del Estado. La falta de financiamiento ha puesto en riesgo la atención de miles de personas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir.
Pacientes renales en Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Tulcán se toman las calles para exigir el pago de más de USD 200 millones que el gobierno les adeuda desde hace 15 meses. Se desmiente al Gobierno por anunciar supuesto pago.
Según información de los manifestantes, la deuda del Ministerio de Salud con los centros médicos asciende a USD 200 millones , mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda otros USD 90 millones. Esta situación ha afectado directamente a 10.000 pacientes, quienes han visto reducidas sus sesiones de hemodiálisis y han debido cubrir costos adicionales para su tratamiento.
«En muchas clínicas, los pacientes no reciben sus tres terapias semanales. Les piden comprar insumos que pueden costar hasta 70 dólares por sesión«, dijo a Radio Pichincha Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales.
Falsas promesas
Frente a las protestas, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el desembolso de USD 4 millones para 37 clínicas dializadoras. No obstante, los afectados aseguran que la cantidad es insuficiente y que no se ha especificado a qué centros se han destinado los fondos. «Esa cantidad solo alcanza para una semana de atención», señaló Álvaro.
Las manifestaciones también se registraron en otras ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo y Carchi. Decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad, se concentraron en la Plaza Grande de Quito, frente al Palacio de Carondelet, exigiendo respuestas.
«Si no nos hacen la diálisis, vamos a morir en una semana. Con una diálisis que no nos hacen, nosotros nos intoxicamos y no avanzamos ni siquiera a caminar. No nos avanzamos a mover», gritaba una paciente renal.
Durante la jornada, los pacientes denunciaron que en ocasiones anteriores han sido desalojados con gas lacrimógeno cuando intentaban protestar en el Ministerio de Finanzas. Además, aseguraron que las autoridades no los atienden directamente, sino que delegan a funcionarios de menor rango que solo ofrecen promesas sin cumplir.
Según cifras de las asociaciones de pacientes, en 2024 más de 1.000 personas con insuficiencia renal fallecieron debido a la falta de tratamiento oportuno. «La diálisis es vida, queremos vivir», coreaban los manifestantes, quienes advirtieron que sin una solución inmediata, su situación seguirá agravándose.
La crisis sanitaria que atraviesan los pacientes renales se ha convertido en un problema humanitario que requiere una respuesta urgente del Gobierno. La exigencia es clara: que se cumpla con el pago de la deuda para garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar más pérdidas humanas.
