Quito, 31 may (La Calle).- El juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, empieza a tomar cuerpo en la Asamblea Nacional. En la convocatoria de sesión en modalidad virtual, prevista para el martes 2 de junio, que hoy difundió el presidente de ese organismo César Litardo se incluye como cuarto punto del orden del día: el proyecto de resolución para que el Presidente de la Asamblea convoque al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y proponga el conocimiento de los juicios políticos en contra del Ministro de Finanzas Richard Martínez. La sesión es continuación de la número 670, suspendida el pasado 27 de mayo.
Al ser el cuarto punto, uno de los proponentes, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (RC) considera poco probable que se llegue a topar ese tema el mismo 2 de junio. “Todo depende del Presidente de la Asamblea Nacional, para que no suspenda nuevamente la sesión”, afirma.
Lloret considera que, una vez el Consejo de Administración Legislativa califique el juicio, se necesitarán alrededor de 90 votos para aprobar la moción de censura. “Salvo CREO, SUMA y el oficialismo hay un criterio favorable para el juicio político. Ahora, más allá de la censura, este proceso va a develar el manejo de la deuda pues allí existen irregularidades, como el pago de los bonos y la utilización de recursos para gasto corriente”.
Los causales del juicio datan de 2017, cuando hubo un retraso en la reducción de los servicios financieros, lo que perjudicó a los usuarios de bancos por alrededor de 20 millones de dólares. Otros causales son: la emisión de bonos en 2019, que en parte fueron destinados a gasto corriente, la firma con el FMI en marzo de 2019, acto que no contó con la autorización del Comité de Deuda que le entregó su aceptación después de la rúbrica y el último: no haber entregado recursos para la emergencia sanitaria y a las universidades. “El pedido lo ingresamos el 18 de mayo a la Presidencia de la Asamblea con 37 firmas”, concluye Lloret. Posterior Jimmy Candell, de la Bancada de Integración Nacional, (BIN), entregó un pedido con 45 firmas. Hubo otros anteriores en 2019: el primero de Yofre Poma (RC) y el último de Raúl Tello del BADI.
De acuerdo al artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de un funcionario por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República durante el ejercicio del cargo y un año después de terminado su ejercicio.
El artículo 80 determina que el Presidente o Presidenta de la Asamblea pondrá en conocimiento al CAL la solicitud de enjuiciamiento político. Una vez conocida la solicitud, el CAL dispondrá en tres días para verificar el cumplimiento de requisitos y así, dar inicio al trámite.
