Quito, 20 jul (La Calle).- La Defensoría del Pueblo recibió diversos pedidos para evitar la violencia política de género en las elecciones anticipadas de 2023. Las solicitudes vienen desde particulares, entre ellos del Foro Profesionales de Pichincha.
Desde la organización hay una fuerte preocupación por la falta de control en estos comicios, pues las campañas electorales se llevan en redes sociales y territorios a los que las autoridades «no prestan atención».
La violencia de género es desapércibida entre la mayoría de los comentarios que hay entre y hacia los candidatos. Asimismo, este tipo de contenido se observa en internautas, medios de comunicación, generadores de opinión pública y demás. Sin embargo, en tiempo de campaña electoral, «los ciudadanos emiten todo el tiempo contenido sin control o verificación en apoyo a sus candidaturas o en contraste de sus contrincantes», sostuvo un integrante.
El objetivo de estas solicitudes es que la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) promuevan una contienda electoral política, que no vulnere derechos y libertades.
De la misma manera, se espera que estas entidades emitan órdenes de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos. «Queremos libertades políticas a favor de las mujeres en estas elecciones», explicaron los participantes.
Pero ya hay Paridad Política
Pesé a que la Ley exiga que en el próximo sufragio haya listas de candidatos que fortalezcan la igualdad de género, es decir, que haya una cifra igual de mujeres y hombres postulando, el foro no considera que la paridad política es un requisito. «La paridad es la participación activa y efectiva de las mujeres en la política», dijo la vocera del foro, Manuela Herrera.
El artículo 10 y 28 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Código de la Democracia, respectivamente, definen la violencia política de género como cualquier agresión directa o indirecta a candidatas, militantes, defensoras de derechos humanos, otras.
Un caso de violencia política de género
El 20 de julio, Priscila Schettini, integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció al comentador Carlos Vera por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La disputa surgió desde que la esposa del exdefensor del Pueblo denunció el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado. Según Vera, con esa denuncia pretenderían que “correístas controlen la justicia”. Aunque, la implicada aclaró en reiteradas ocasiones que no pertenece a ningún partido político.
Schettii inició el proceso legal contra Vera luego de que publicara un video en su cuenta de Twitter en el que enfatizara que la intención de la acusadora, como una “operaria del correísmo”, es la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y con eso apropiarse de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Video: Radio Pichincha
