Quito, 12 may (La Calle). – El asambleísta Bruno Segovia denunció, este 12 de mayo, a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por la presunta gestión de cargos públicos en la provincia de Orellana.
“Señora Guadalupe Llori, usted tenía razón cuando me comentó que puso hasta el último teniente político. El Gobierno del Encuentro solo encuentra personas cercanas a la señora Llori para cargos públicos en Orellana”, escribió el legislador en un tuit.
Agregó que, en efecto, existe una lista de tenientes políticos. “Ha puesto gobernador, intendente, comisarios, tenientes políticos y directores distritales de los que conocemos y tenemos la documentación. Es vox populi que ha puesto todos estos cargos. Que tiene el control absoluto de la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencia ¿cómo le llamamos?”.
Segovia explicó que la denuncia va al Comité de Ética. “Allí se le debe iniciar una investigación y si actúan en base a derecho y las pruebas que les he dado porque ella me contó, no es invento mío. Lo recordé tras la denuncia del presidente y aquí está la evidencia. El Comité de Ética debería recomendar la destitución”.
Otras denuncias
La bancada legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) también denunció a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por los presuntos delitos de diezmos y tráfico de influencias.
“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.
Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió. MIB
