Quito, 24 mar (La Calle).- El asambleísta Bruno Segovia aseguró que hay un acuerdo entre la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el Gobierno Nacional que demora el proceso de juicio político contra ella. La legisladora es acusada por presunta venta de cargos públicos en Orellana.
El parlamentario mencionó, en entrevista para Radio La Calle, que en el Legislativo también prima el «espíritu de cuerpo», por lo que la salida de Llori continúa en espera.
«Si la señora llega a salir, lo más probable es que se vayan unos cuantos más, por eso es que no tenemos todos los votos», refirió.
Además, enfatizó que cuando Llori se encargó de la cabeza de la Asamblea tenía el apoyo del régimen. Recalcó que por esto se convirtió en un alfil del presidente Lasso, lo que la llevó a la destitución.
También, comentó que en el Pleno es un «secreto a voces» la compra de votos para rechazar el juicio político. «Todo eso se convertiría en una depuración al interno», dijo.
Puso a todos sus amigos en cargos públicos
Segovia enfatizó que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.
Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.
«Todos eran exservidores del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.
Sobre el juicio político a Lasso
El legislador manifestó que es incoherente pretender deslindar al presidente Guillermo Lasso de la responsabilidad que tiene sobre el caso «El Gran Padrino». Repitió que al tener conocimiento de esta presunta red de corrupción y callar, es responsable del acto.
«El juicio político es discutible, pero de que dejó que se lleven la plata de los ecuatorianos dejó. Él (Lasso) no puso a cualquier persona en el cargo de las empresas, era un allegado al Banco de Guayaquil», refirió.
De la misma manera, apuntó que nadie salió a desmentir las últimas declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio sobre la reunión que mantuvo el mandatario con la excomandante de Policía, Tanya Varela, y el jefe de la investigación «León de Troya», José Luis Erazo. Lo que lleva a cuesitonar el actuar y la participación del jefe de Estado.
Participación de otras instituciones
Segovia mencionó que, si los delitos por los que se le acusa a Lasso, no son causales de un juicio político, al menos la Fiscalía debería actuar por el delito que se lo acusa. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional Electoral (CNE), si la campaña de Lasso fue presuntamente financiada por el narcotráfico.
«Todo eso se debería considerar y no se está actuando. Este es el país de la impunidad», expresó.
Finalmente, explicó que Ecuador está en manos de un Gobierno indolente que repite la realidad de 1999 con las reglas neoliberales que impone.
«Tenemos un Estado mínimo, que prefiere tener las cuentas bancarias macroeconómicas a salvo. Ya es momento que deje de liderar para sus amigos», precisó. (N.J.C)
