Quito, 6 jun (La Calle).— Frente a un inminente estiaje y un escenario incierto sobre el retorno de los apagones, el gobierno procedió a la ruptura unilateral de los contratos operativos de las plantas estratégicas de Quevedo y Salitral desatando una guerra jurídica con la estadounidense Progen Industries LLC.
Entre el 28 de mayo y el 3 de junio la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) canceló los contratos firmados en agosto de 2024, ignorando avances técnicos clave: Progen ya instaló 46 de 49 generadores —incluidos 17 de 20 en Quevedo— y completó el 130% del trabajo pagado.
La decisión, calificada por la empresa como «arbitraria y sin diálogo previo», desembocará en arbitraje internacional contra el Estado. John Manning, CEO de Progen, reveló que CELEC adeuda millones de dólares por obras civiles y los multó injustamente. «Ahora pretende expulsarnos cuando solo nosotros podemos operar esta tecnología única», detalló.
Raíces del fracaso: opacidad y descoordinación estatal
- Plazos irrealistas: Los proyectos (100 MW en Salitral por USD 99.4 millones y 50 MW en Quevedo por USD 49.7 millones) tenían metas imposibles: 4 y 3 meses respectivamente.
- Sanciones contradictorias: Mientras el Ministerio de Energía multaba a Progen con USD 900.000 en diciembre de 2024 por retrasos, CELEC paralizaba pagos de obras civiles, ahogando financieramente a la empresa.
- Señales cruzadas: Progen asegura que los retrasos se debieron a «trabas burocráticas de CELEC», incluida la no renovación de garantías y cambios no autorizados en diseños.
Impacto nacional: el fantasma de los apagones regresa
La cancelación sabotea el Plan de Estiaje 2025-2026, diseñado para evitar una réplica de la crisis de 2024 —11 horas diarias sin luz— mediante 979 MW nuevos. Las plantas de Quevedo y Salitral eran el 15% de esa meta y la única solución inmediata para zonas críticas. El Operador Nacional (Cenace) advirtió que, sin ellas, Ecuador dependerá en un 82% de hidroeléctricas vulnerables ante el estiaje pronosticado de septiembre 2025 a marzo 2026
La bomba de tiempo jurídica
Progen exige una mesa técnica para actualizar contratos según costos reales que contemplen la inflación y sobreprecios por demoras. También solicitó extender garantías y plazos hasta septiembre 2025. Si CELEC rechaza la negociación, Ecuador enfrentaría:
- Demandas millonarias: Progen reclama daños por «incumplimiento sistémico» del Estado.
- Congelamiento de inversiones: Bancos internacionales ya revisan préstamos para proyectos energéticos.
- Costo político: El gobierno de Noboa arriesga su promesa de «modernizar el sector eléctrico».