Quito, 03 jun (La Calle).- El Comité Empresarial Ecuatoriano y los gremios pesqueros declararon «inviables» las medidas gubernamentales que eliminan subsidios al diésel para la flota atunera y a la electricidad industrial, advirtiendo un impacto catastrófico en la competitividad internacional, empleos y estabilidad macroeconómica.
La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) señaló que el fin del subsidio al diésel —que representa entre el 30% y 36% de sus costos operativos— encarecerá la producción, poniendo en riesgo USD 1.350 millones en exportaciones anuales a la Unión Europea (60% del total sectorial) y 100.000 empleos directos e indirectos.
«El subsidio era un instrumento de política pública para sostener empleos ante costos globales adversos; su eliminación abrupta equivale a ahogar al principal productor mundial de atún», afirmó la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC).
Consecuencias
Argumentaron que el subsidio pesquero al diésel (USD 14.4 millones anuales) equivale a solo el 0.6% de los USD 2.257 millones que el sector exportó en 2024, mientras la industria consume apenas el 4% del diésel subsidiado nacional.
Presentaron un pliego de demandas conjuntas que incluye: importación directa de diésel sin burocracia, eliminación del ISD y aranceles para insumos, aplicación del Artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo (IVA 0% congelado por 7 años), transición gradual de 24 meses para eliminar subsidios, y líneas crediticias de USD 200 millones para modernización de flotas.
El comunicado resaltó que el sector pesquero aporta el 70% de sus exportaciones como productos de alto valor agregado, esenciales para la estabilidad de la dolarización. Además el aumento en costos marítimos podrían elevar precios de alimentos hasta un 8%.
¿Y los empresarios?
Paralelamente, el Comité Empresarial alertó que la eliminación del subsidio eléctrico para industrias de medio y alto voltaje podría llevar a «estrés financiero» a 120 empresas estratégicas. Aunque evitan un pronunciamiento definitivo hasta la publicación oficial por ARCONEL, exigieron mesas técnicas inmediatas para presentar estudios de impacto y propuestas alternativas, entre ellas un «pacto de eficiencia energética» que comprometa reducciones voluntarias de consumo a cambio de mantener apoyos parciales.