Quito, 28 dic (La Calle).- El secretario Nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) una investigación patrimonial a cinco jueces y exjueces, cuestionados por sus decisiones judiciales.
Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.
Rodríguez
El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.
Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.
Molina
El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.
El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).
Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.
Los otros jueces
Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.
