Quito, 16 ene (La Calle).- Luis Verdesoto, secretario Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso, otorgó mayores detalles respecto de la activación de protocolos de lucha contra la corrupción ante los hechos denunciados respecto a nombramientos y/o contratos en el sector eléctrico. Según el funcionario, se comprometió a entregar un informe a la presidencia el próximo lunes 23 de enero.
La información en conjunto con las denuncias surgieron el pasado jueves 9 de enero. Días despúes el ejecutivo delegó las investigaciones correspondientes a dicha Secretaría.
Durante estas semanas, el organismo trabajaba «sobre prevencion de la ocurrencia de corrupción (…) armar metodologías que tienen que ver con la ocurrencia probable de hechos de corrupción pero no con hechos de corrupción que podrían estar consumados y menos aún una denuncia«, según explicó Verdesoto.
Añadió, también, que la Secretaría pretende intervenir en la denuncia y en el transcurso de estos dos días se ha establecido una metodología para actuar en las próximas horas.
¿Qué fue lo que ordenó Lasso al respecto?
«(El presidente me pidió) que tuviera toda la apertura para investigar todas las posibles fuentes problables de actos de corrupción; que manejara todas las hipótesis necesarias para organizar la información y que sea complementaria de las diferentes instancias de justicia», contó Luis Verdesoto, en una entrevista con Ecuavisa.
¿Por qué no se activaron los protocolos anticorrupción antes?
Verdesoto aclaró que las actividades que desempeña la Secretaría es la de trabajar sobre prevención dentro de corrupción, «básicamente armar metodologías que permitan mitigación de riesgos, prevención temprana que permita tipologías de actos de corrupción». Esa labor la encabeza 10 técnicos y 10 asistentes.
Desde el mes de diciembre la Secretaría Pública Anticorrupción presentó un listado de 30 entidades a las que se debía hacer un seguimiento para prevenir casos de corrupción. No obstante, las alertas de prevención desarrolladas por este organismo unicamente operan en dos intituciones públicas: Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) y la Corporación Financiera Nacional.
«Tenemos problemas para conseguir recursos financieros«, reveló Verdesoto al referenciar los problemas que afronta la Secretaría para efectuar un seguimiento apropiada en el resto de entidades públicas del listado.
Verdesoto expuso que pese a las limitantes se intenta adecuar dichas «metodologías de prevención de la corrupción en metodologías de detección de actos de corrupción sobre hechos consumados«.
Por ahora, la entidad anticorrupción trabaja sobre el proceso contractual que existió en las regionales eléctricas que han sido denunciadas (en la provincia del El Oro y de Guayas). «Yo no juzgo, yo entrego informacion a los juzgadores que establece el Estado ecuatoriano y pueden hacerlo», concluyó Verdesoto.
